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4 webs que funcionan para ver tv online gratis

2020.05.19 20:14 jesaes100 4 webs que funcionan para ver tv online gratis

HBO; Netflix, Amazon Prime Video,… A día de hoy los apasionados de las series tienen mil y una formas de disfrutar del mejor contenido a través de internet cuando y como quieran. Las producciones de series han aumentado exponencialmente en los últimos años y con ello también su consumo, aplicaciones propias y demás productos relacionados. Hoy venimos con una recopilación de aplicaciones que, si bien no te permiten disfrutar de esa serie a la que andas enganchado, sí que te van a ayudar a conocerla más a fondo, organizarte mejor y descubrir curiosidades que seguro que no conocías.

https://preview.redd.it/4xlgl6l3jrz41.jpg?width=550&format=pjpg&auto=webp&s=2abf7b4bf2640d6ddf9e39cc75e116edb8e7f3a3

1.- Dive Tv

Esta aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, es un must en toda regla si te gusta conocer la intrahistoria. Su función principal es aportar datos, anécdotas y curiosidades sobre las escenas, personajes, vestuario o banda sonora de la serie que estás viendo. Para ello, basta con indicarle qué serie y qué capítulo vamos a ver y sincronizar el audio del mismo con la app. Eso sí, para ello necesitaremos una segunda pantalla (una para la serie y otra para Dive).Personaliza tu móvil: Los mejores fondos de pantalla de Juego de TronosEste servicio nos permite realizar esta sincronización con algunos programas de televisión y películas, e incluso nos permite establecer un recordatorio para no perdernos ni una entrega de nuestra serie favorita. Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchvie.dive&hl=es

2.-Te digo Series

Quiza es la mejor alternativa sin pagara nada, solo necesitas ver un anuncio al dia, despues podras ver todas las series que desees en alta calidad, algunos le han apodado el netflix para los pobres, ya que tiene un contenido similar a netflix. Link Directo: http://tedigo-como.blogspot.com/2017/01/como-ver-tv-online-gratis-metodo-2017.html

3.-TV Time

Seguro que más de una vez te has hecho un lío pensando si tal o cual serie se emitía un día u otro. O si es a la primera hora de la tarde o por la noche. Pues bien, la mejor manera de organizar todas tus series sin perderte ningún capítulo es TV Time. Esta app a modo de calendario nos permite realizar un listado de series que estemos siguiendo y de manera automática nos creará un calendario con las fechas y horas de emisión, establecerá avisos y nos dará información general sobre la serie.Así mismo, también contamos con un foro en el que intercambiar pareces, opiniones y comentarios con otros usuarios; una sección de artículos, noticias y podcast sobre las series más populares e incluso una sección de cuestionarios para entretenernos. ¿Lo tiene todo, verdad?Pues aún hay más, ya que no todos los contenidos están disponibles desde un principio. Algunos contenidos solo están disponibles mediante suscripción (1,99 euros al mes o 11,99 euros al año), como por ejemplo la posibilidad de personalizar la estética de la agenda. En cualquier caso, la aplicación es totalmente funcional sin pagar, así que no dudes en descargarla y probar. Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tozelabs.tvshowtime&hl=es

4.-TV Series

TV Series es muy similar a la aplicación anterior, aunque solo está disponible en Android. Del mismo modo que la aplicación anterior, esta nos crea un calendario para evita que se nos pasen los capítulos de las series que seguimos y nos da la posibilidad de compartir opiniones en un foro.¡Como mola!: Google Home permite hablar con los personajes de Stranger ThingsLo más diferencial de la aplicación es que nos permite utilizarla sin crear una cuenta con nuestro correo -algo que más de uno seguro que valora- y da la posibilidad de marcar como spoiler algunos comentarios de la comunidad que desvelen más detalles de la cuenta. Igualmente, tiene una versión de pago de 4,79 euros con la que eliminamos toda la publicidad. Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=fema.serietv2&hl=es
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2020.05.15 20:35 jesaes100 4 aplicaciones para ver tv por internet sin costo 2020

HBO; Netflix, Amazon Prime Video,… A día de hoy los apasionados de las series tienen mil y una formas de disfrutar del mejor contenido a través de internet cuando y como quieran. Las producciones de series han aumentado exponencialmente en los últimos años y con ello también su consumo, aplicaciones propias y demás productos relacionados. Hoy venimos con una recopilación de aplicaciones que, si bien no te permiten disfrutar de esa serie a la que andas enganchado, sí que te van a ayudar a conocerla más a fondo, organizarte mejor y descubrir curiosidades que seguro que no conocías.

https://preview.redd.it/jryk8jec3zy41.jpg?width=512&format=pjpg&auto=webp&s=4e7d9368acea9daddf0db907cc9bba869b2c2ad8

1.- Dive Tv

Esta aplicación, disponible tanto para iOS como para Android, es un must en toda regla si te gusta conocer la intrahistoria. Su función principal es aportar datos, anécdotas y curiosidades sobre las escenas, personajes, vestuario o banda sonora de la serie que estás viendo. Para ello, basta con indicarle qué serie y qué capítulo vamos a ver y sincronizar el audio del mismo con la app. Eso sí, para ello necesitaremos una segunda pantalla (una para la serie y otra para Dive).Personaliza tu móvil: Los mejores fondos de pantalla de Juego de TronosEste servicio nos permite realizar esta sincronización con algunos programas de televisión y películas, e incluso nos permite establecer un recordatorio para no perdernos ni una entrega de nuestra serie favorita. GooglePlay Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchvie.dive&hl=es

2.-Te digo Series

Quiza es la mejor alternativa sin pagara nada, solo necesitas ver un anuncio al dia, despues podras ver todas las series que desees en alta calidad, algunos le han apodado el netflix para los pobres, ya que tiene un contenido similar a netflix. Link Directo: http://tedigo-como.blogspot.com/2017/01/como-ver-tv-online-gratis-metodo-2017.html

3.-TV Time

Seguro que más de una vez te has hecho un lío pensando si tal o cual serie se emitía un día u otro. O si es a la primera hora de la tarde o por la noche. Pues bien, la mejor manera de organizar todas tus series sin perderte ningún capítulo es TV Time. Esta app a modo de calendario nos permite realizar un listado de series que estemos siguiendo y de manera automática nos creará un calendario con las fechas y horas de emisión, establecerá avisos y nos dará información general sobre la serie.Así mismo, también contamos con un foro en el que intercambiar pareces, opiniones y comentarios con otros usuarios; una sección de artículos, noticias y podcast sobre las series más populares e incluso una sección de cuestionarios para entretenernos. ¿Lo tiene todo, verdad?Pues aún hay más, ya que no todos los contenidos están disponibles desde un principio. Algunos contenidos solo están disponibles mediante suscripción (1,99 euros al mes o 11,99 euros al año), como por ejemplo la posibilidad de personalizar la estética de la agenda. En cualquier caso, la aplicación es totalmente funcional sin pagar, así que no dudes en descargarla y probar. Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tozelabs.tvshowtime&hl=es

4.-TV Series

TV Series es muy similar a la aplicación anterior, aunque solo está disponible en Android. Del mismo modo que la aplicación anterior, esta nos crea un calendario para evita que se nos pasen los capítulos de las series que seguimos y nos da la posibilidad de compartir opiniones en un foro.¡Como mola!:Google Home permite hablar con los personajes de Stranger ThingsLo más diferencial de la aplicación es que nos permite utilizarla sin crear una cuenta con nuestro correo -algo que más de uno seguro que valora- y da la posibilidad de marcar como spoiler algunos comentarios de la comunidad que desvelen más detalles de la cuenta. Igualmente, tiene una versión de pago de 4,79 euros con la que eliminamos toda la publicidad. Google Play Store:https://play.google.com/store/apps/details?id=fema.serietv2&hl=es
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2019.10.27 19:33 camilosw Emigrando a Alemania

En este post contaré mi experiencia sobre mi proceso para emigrar a Berlín a trabajar como Frontend Developer y en un siguiente post les contaré cómo han sido los primeros días y que esperar una vez estén acá. Pero antes, recomiendo que lean el anterior post sobre emigración a Alemania escrito por Jonathan Alvarez, ya que en este obviaré todo lo que él ya aclaró. El post lo pueden encontrar aquí https://www.reddit.com/devco/comments/bdmw23/recopilaci%C3%B3n_proceso_eu_blue_card_alemania_mi/
Antes de empezar el proceso de buscar trabajo y aplicar a alguna entrevista, te recomiendo que tengas algunos ahorros, porque tendrás varios gastos antes de recibir el primer sueldo en Alemania. De eso hablaré más adelante.
Visa según tus estudios
Si tienes un título universitario, lo más seguro es que vas a aplicar a la Blue Card, la cual te permite viajar con tu pareja sin que el o ella deba cumplir con algún requisito especial. Pero si no tienes un título universitario, también puedes obtener una visa de trabajo con un ZAV approval que se obtiene con la Federal Employment Agency y la empresa que te contrate lo debe solicitar y enviártelo. El principal inconveniente es que si viajas con tu pareja, él o ella deberán acreditar A1 en alemán para obtener la visa de reunificación.
Antes de aplicar a la Blue Card, debes comprobar que tu universidad y tu carrera aparezcan en la siguiente página https://anabin.kmk.org/anabin.html. Todo está en Alemán, pero estos son los pasos que debes seguir:
Institución:
Carrera
Si la institución o la carrera no aparecen, puedes optar por la visa de trabajo o intentar validar la carrera, lo cual te costará 200 euros más el valor de envío de los documentos que te soliciten a Alemania. En mi caso tuve que optar por la opción de validar la carrera, ya que no aparecía en Anabin y con el permiso de trabajo no me podía ir con mi esposa. Estos son los papeles que te solicitarán:
Todos los documentos se deben enviar físicos y en español, pero no deben ser originales. El título universitario y el certificado de notas de las materias de la universidad se deben autenticar en una notaría, para los demás documentos no es necesario. El proceso luego de recibido el pago y los documentos puede tomar entre una y dos semanas cuando se trata de una aplicación para la Blue Card. Aquí puedes encontrar toda la información https://www.kmk.org/zab/central-office-for-foreign-education/statement-of-comparability-for-foreign-higher-education-qualifications.html.
Viajar con tu pareja
Si tienes planeado viajar con tu pareja, pero aun no se han casado, es mejor que te cases así sea por lo civil porque vas a tener que entregar el certificado de matrimonio en la embajada. Hazlo con tiempo, porque el matrimonio por lo civil no es de un día para otro, tienes que pedir una cita y te la pueden dar para dentro de uno o dos meses. No sé si un certificado de unión libre sacado en una notaría sirva, ya que en nuestro caso decidimos no correr el riesgo y nos casamos después de varios años viviendo juntos.
Si vas a aplicar para la visa de trabajo en lugar de la Blue Card, recuerda que tu pareja debe presentar un examen de A1 en alemán.
Donde llegar
En Berlín los apartamentos amoblados son muy populares, lo malo es que los arriendos aquí son muy caros. En otras ciudades de Alemania los costos pueden variar, pero no los he revisado. Debes reservar uno antes del viaje para al menos tres meses y así te puedan entregar la carta que debes presentar para el registro de tu dirección (Anmeldung). Una vez reservado, deberás pagar por adelantado el primer mes de arriendo y un depósito equivalente a dos meses. En estas páginas puedes encontrar apartamentos, aunque encontrarás más si buscas en Google:
https://wunderflats.com/en/
https://www.coming-home.com/en/
Los apartamentos los reservan con mucho tiempo de anticipación, así que dependiendo de tu cronograma, puede que no encuentres muchas opciones económicas. En mi caso el tiempo fue muy apretado y varios de los apartamentos que había encontrado ya no estaban disponibles, así que terminé pagando un arriendo de 1390 euros al mes.
Gastos
Como comenté al inicio, antes de empezar a buscar trabajo en Alemania, revisa tus finanzas porque vas a tener muchos gastos antes de recibir el primer pago:
Y hasta aquí lo que tenía para agregar al post de Jonathan Alvarez. Pronto escribiré sobre mi experiencia aquí en Alemania y algunas cosas que deben tener en cuenta cuando lleguen.
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2019.08.05 14:11 apuestastips ¿Qué ofrece Marca Apuestas App?

¿Qué ofrece Marca Apuestas App?
marca-apuestas-app
Si te preguntas por qué hay tantos consejos que recomiendan descargar la Marca Apuestas App, a continuación te lo vamos a explicar. Esta aplicación gratuita pertenece a uno de los operadores más populares en el mercado español. La compañía está registrada en el listado de casas de apuestas seguras y confiables que ofrece la Dirección General de Ordenación del Juego, por lo tanto la descarga de su aplicación es segura. Recuerda que protege a sus usuarios con sistemas de encriptación SSL de extremo a extremo.
Con la Marca Apuestas App también se pueden hacer pronósticos para hoy con buenas cuotas, apuestas simples y apuestas combinadas. Ten en cuenta que estos son los mercados en los que trabaja este operador: fútbol, tenis, baloncesto, voleibol, balonmano, hockey hielo, ciclismo en ruta, fútbol americano, béisbol, golf críquet, Rugby Union, Rugby League, eSports, boxeo, artes marciales, motor, ocio, política, snooker, dardos, fútbol australiano, juegos gaélicos y fútbol sala.
Aunque la aplicación es muy sencilla de usar e intuitiva de navegar, si tienes alguna duda siempre podrás ponerte en contacto con sus agentes del servicio de atención al cliente. Este servicio es muy completo ya que incluye tres vías diferentes: correo electrónico ([[email protected]](mailto:[email protected])), chat en vivo y teléfono (800 81 01 01). Su servicio está operativo de lunes a domingo de 07:00 a 02:00.
Ventajas de este operador
Hoy en día con la Marca Apuestas App también podrás acceder a su otro mercado principal: las Juegos de Casino. Esta sección cuenta con más de 100 slots online y juegos de Ruleta, Blackjack, Pontoon y Baccarat. Además, en su portfolio de juegos se encuentran los mejores títulos de Playtech. Esta sección incluye promociones diferentes de las que se encuentran en la sección de Apuestas Deportivas.
Otra de sus ventajas es que su proceso de registro es rápido, sencillo y seguro. Al ser una plataforma digital de apuestas legal el formulario que tienen que rellenar los usuarios se ajusta a la legalidad vigente. Esto quiere decir que el jugador tendrá que incluir su nombre, apellidos, correo electrónico, nacionalidad, fecha de nacimiento y DNI para registrarse. De esta manera se comprueba que el jugador tiene la edad legal mínima para disfrutar de este tipo de entretenimiento.
La experiencia del grupo empresarial al que pertenece este operador se nota en la oferta de métodos de depósito y retiro que ofrece a su clientela. Estos son sus métodos de pago: tarjetas Visa, MasterCard y Diners Club International (débito y/o débito), transferencias bancarias, Skrill, PayPal, Paysafecard y Entropay. Recuerda que los depósitos se transfieren con mayor rapidez que los retiros y que cada método de pago puede tener sus propias comisiones y/o límites mínimo/máximo. En cuanto a los depósitos, la DGOJ establece que no superen los 600 euros diarios, 1.500 euros semanales y 3.000 euros mensuales.
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2018.11.18 21:09 CharoMariposa ¿Por qué llamó Óscar Reina, portavoz del SAT, “miserable” a Felipe VI? Luis Gonzalo Segura

El bipartidismo andaluz se rompe y a Díaz se le complican los pactos de gobierno tras el 2D Activistas de Femen irrumpen en un acto de Falange convocado con motivo del 20N Hallan los restos del submarino ARA San Juan un año después de su desaparición De los Peaky Blinders a las parcas militares: un recorrido histórico por la estética mod
OPINION · UN PASO AL FRENTE ¿Por qué llamó Óscar Reina, portavoz del SAT, “miserable” a Felipe VI? Luis Gonzalo Segura
Luis Gonzalo Segura
Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de 'El libro negro del Ejército español'.
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AHORA EN PORTADA Un autónomo trabaja desde casa. Foto: PixabayLos autónomos reclaman al Gobierno que ponga fecha a la cotización por ingresos TRabajadores en la cadena de montaje de la factoría de Seat en Martorell, cerca de Barcelona. REUTERS/Albert Gea¿De cuánto dinero hablamos cuando nos referimos a un sueldo digno? Dos camareros charlan en la terraza de un restaurante en la localidad malagueña de Ronda. REUTERS/Jon NazcaMás de cuatro millones de trabajadores están descontentos con su empleo Sede del Comité Económico y Social EuropeoUna docena de denuncias y silencio por respuesta: el acoso laboral golpea al Comité Económico y Social Europeo Los cuatro candidatos a la presidencia de Andalucía: Susana Díaz (PSOE), Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía), Juan Marín (Cs) y Juanma Moreno (PP)Díaz, Moreno, Rodríguez y Marín se ven las caras en Canal Sur en el primer debate a cuatro
18 NOVIEMBRE, 2018 Nada más conocer la detención en Granada del portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, por llamar “miserable” a Felipe VI, una pregunta atormentaba mis pensamientos: ¿qué quiso decir?
Vamos a ver, según la RAE, miserable es una persona “ruin o canalla”, “extremadamente tacaña” o “extremadamente pobre”; una cosa “insignificante o sin importancia”; o también “desdichado, abatido o infeliz”. Atendiendo a las acepciones anteriores se antoja enormemente complicado considerar a Felipe VI como “miserable”. Yo, al menos, no convivo con él, con lo que no sabría decir si es tacaño, ruin o canalla, pero lo veo cuanto menos forzado. Quizás habría sido más apropiado denominar “avaricioso”, “egoísta” o “inhumano” si lo que se pretendía era hacer mención a la asignación cercana a los ocho millones de euros anuales mientras gran parte de su ciudadanía vive una situación de gran precariedad. Pero ¿y si refería a otra cuestión?
¿Quizás quiso llamarle fascista/franquista?
Tal vez, a lo que se quiso referir Óscar Reina al afirmar que Felipe VI es un “miserable” era a su filia fascista/franquista. Según la RAE, fascista es lo “perteneciente o relativo al fascismo”, “partidario del fascismo” o “excesivamente autoritario”. En este caso, usar fascista/franquista para dirigirse a Felipe VI encajaría mucho mejor que “miserable”.
No resulta muy complejo percatarse que reina España gracias a la designación de un dictador fascista y genocida o que jamás se ha manifestado antifascista como si lo han hecho de forma inequívoca la mayoría de dirigentes políticos europeos.
No solo eso, sino que ha sido capaz de mantener el título nobiliario a la familia del dictador y a otros cuarenta franquistas. También ha consentido que se les entregue contratos en la Guardia Real a descendientes de Franco o que las Fuerzas Armadas que dirige se encuentren infectadas de fascistas/franquistas sin que se haya mostrado públicamente contrariado por ello (más de 1.000 altos mandos, entre ellos generales y coroneles, llegaron a firmar un manifiesto a favor de Franco, muchos de ellos cercanos a la Casa Real).
Por si fuera poco, nadie puede dudar de los lazos de amistad de Felipe VI con fascistas, su respaldo público e incluso su afecto personal. Pensemos, y solo es un ejemplo, en la familia real saudí, la cual encaja a la perfección en la definición de fascista: “No hay ningún secreto que el Reino de Arabia está dirigido por una familia, en el sentido más doncorleánico de la palabra, que aplica el Apartheid y un totalitarismo teocrático, el más severo del mundo que, como castigo a delitos como apostasía, adulterio, la homosexualidad y la hechicería no sólo amputa manos y pies, sino ejecuta con lapidación y decapitación, para luego crucificar sus cadáveres en público” (Nazanín Armanian).
En estas condiciones, denominar a Felipe VI como fascista/franquista difícilmente habría podido ser catalogado como un insulto, menos aún como una injuria.
¿Y si lo que quiso fue llamarle delincuente/criminal?
En cuanto a delincuente, la RAE considera que un delincuente es aquel que delinque, esto es, que comete un delito. Por ahí, quizás Óscar habría estado más acertado, porque si lo que pretendía era llamar “miserable” a Felipe VI por estar fomentando la venta de armas a Arabia Saudí cuando este es responsable de la mayor hambruna en los últimos cien años y la mayor catástrofe humanitaria que se vive en la actualidad, los términos “criminal” o “delincuente” se antojan más correctos. Aunque yo tampoco soy un experto en el asunto.
Pensemos que España ha vendido armas a toda la coalición de países que están bombardeando Yemen por valor de 1.200 millones de euros entre 2015 y 2017, años en los que ha durado el conflicto. Y el Jefe del Estado español es Felipe VI, lo cual le posiciona como claro responsable de esta violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Sobre todo, porque sus relaciones son tan excelentes con la familia real saudita que sería rocambolesco pensar que las ventas se han realizado contra su voluntad. No le imagino llorando desconsolado y abatido por las ventas, especialmente si tenemos en cuenta que existen acusaciones sobre comisiones de su padre y la amante de éste.
Esta violación, por otra parte, constituye un delito por cuanto transgrede el artículo octavo de la ley 54/2007, sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, y lo hace en los apartados a) y c).
En el apartado a) se especifica que España no podrá vender armas “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos”.
Y en el apartado c) se asevera que se denegarán las ventas de armas “cuando vulneren las directrices acordadas en el seno de la Unión Europea, en particular los criterios del Código de Conducta, de 8 de junio de 1998, en materia de exportación de armas, y los criterios adoptados por la OSCE en el documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras de 24 de noviembre de 2000, y otras disposiciones internacionales relevantes de las que España sea signataria. Para la aplicación de los criterios del Código de Conducta se atenderá a las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario”.
Pero es que, además, ya hay informes que denuncian que Arabia Saudí posiblemente está cometiendo crímenes de guerra, según expertos de la ONU, o incluso el Parlamento Europeo ha solicitado hasta en tres ocasiones en los últimos dos años el cese de la venta de armas a los sauditas. De hecho, en 2016 Arabia Saudí fue incluida en la “lista negra” de países responsables de ataques a niños, tal y como admitió el propio Ban ki-moon, y solo las presiones internacionales consiguieron que fuera borrada de la misma.
Así pues, Felipe VI como jefe del Estado español y como persona conocedora de toda esta información podría ser catalogado, en todo caso, como “delincuente” o “criminal”, pero, difícilmente no como “miserable”. Incluso se podría aseverar que sería deseable que algún día fuera juzgado en un tribunal internacional junto a Pedro Sánchez, Margarita Robles, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal, Pedro Morenés y todos los que hayan participado de tales ventas en la comisión interministerial que concede los permisos (JIMMDU), pero ¿”miserable”?
¿Y si Óscar quiso denominar déspota a Felipe VI?
Tal vez, cuando denominó como “miserable” a Felipe VI lo que quería decir fue déspota. Según la RAE, un déspota es el “soberano que gobierna sin sujeción alguna a la ley”. Dada la supervivencia, gracias a PP-PSOE-Cs, de la inviolabilidad jurídica del rey, es evidente que Felipe VI reina sin ningún tipo de responsabilidad jurídica como antes lo hizo Juan Carlos I, cuyas múltiples acusaciones jamás han sido juzgadas.
Por todo ello, habría sido un gran acierto, casi incuestionable, ya no jurídicamente, sino también moralmente, aseverar que Felipe VI es un déspota. Al menos, atendiendo al diccionario de la RAE, claro.
Óscar se equivocó y ahora merece pagar por ello
Después de este breve análisis, queda claro que Óscar cometió un error imperdonable al emplear el término “miserable” para dirigirse a Felipe VI, jefe del Estado español y, por tanto, merece que caiga sobre él todo el peso del Estado de Derecho. Por ejemplo, recibir una lección magistral en un oscuro y tétrico calabozo impartida por Manuel Sánchez Corbí, Billy el Niño o el general Galindo. O como mínimo, sufrir a los magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, tan representativos del Estado de Derecho como los anteriores.
Luis Gonzalo Segura
https://blogs.publico.es/un-paso-al-frente/2018/11/18/por-que-llamo-oscar-reina-portavoz-del-sat-miserable-a-felipe-vi/
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2017.12.21 01:58 alforo_ LOS Fascistas DEMÓCRATAS DE ESPAÑA El Monstruo nunca se fue

Las fuerzas del orden que marchan desde sus acuartelamientos a Catalunya por el referéndum “ilegal” del 1 de octubre de 2017 son despedidas desde la España profunda por gargantas enfervorizadas al grito de “a por ellos”: a repartir estopa. Trescientas mil personas, según cálculos de la guardia urbana de Barcelona, desfilan el 29 de octubre por el centro de la ciudad enarbolando la bandera española rojigualda (no la tricolor) contra la independencia de Catalunya. Con la inestimable colaboración de los refuerzos llegados de fuera, muchos catalanes piden “Puigdemont al paredón”, “Mas, cámara de gas” y otros lindos mensajes moderados y conciliadores. Algunos festejan el encuentro con el “cara al sol” y los gritos de rigor. En su intervención en la tarima al final de la marcha, Vargas Llosa, recién separado de su esposa legítima, fulmina con su fogoso verbo hispanoamericano el separatismo de los catalanes. El exministro y ex muchas otras cosas, Borrell, que hace una parte de su discurso en catalán y que es abroncado por ello, asegura que no quiere fronteras (los independentistas tampoco), aunque no ve problemas en las que España tiene en Ceuta, Melilla y en el mar donde la gente se deja, literalmente, unos la piel y otros la vida, un año detrás de otro; es el mismo Borrell que días después recibirá la buena noticia de que ya no está imputado por el caso Abengoa, en cuya ruina fraudulenta él, uno de sus administradores, dicen ahora, no ha tenido responsabilidad alguna, probablemente porque estaba muy ocupado escribiendo un libro dedicado a “las cuentas y los cuentos” de los separatistas. Días después en plena campaña electoral, siempre abrazado a Iceta, lanza una propuesta muy festejada en los medios constitucionalistas: “desinfectar, para comenzar, los medios de comunicación”; después al resto de los catalanes. Y es que la higiene y la salud es lo primero para un auténtico demócrata español que quiere curar heridas. Los fabricantes de cal viva, desinfectante muy enérgico, pueden hacer buenos negocios, otra vez. Las elecciones catalanes del 21 de diciembre de 2017 se celebrarán bajo la alargada sombra del artículo 155 de la Constitución Española de 1978 y la sospecha de que la convocatoria de Rajoy es ilegal. Podemos ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la aplicación del artículo 155 en Catalunya al considerar que lo ha sido de forma fraudulenta porque no autoriza para cesar al Govern ni a disolver el Parlament ni a convocar elecciones. El régimen del 78 está diseñado para que los independentistas puedan participar en el teatrillo del Congreso, pero no para que puedan recurrir al Constitucional, para lo que se necesitan 50 diputados, cosa que nunca podrán lograr por razones socio-demográficas. No estaba previsto que los “díscolos” de Podemos llegaran a esta cifra. Esto también preocupa al Monstruo. Cuando en Madrid y desde la Audiencia Nacional (antes Tribunal de Orden Público) trasladan al vicepresident Oriol Junqueras a la prisión, unos policías se mofan y le pronostican al “osito” toda suerte de experiencias. Iceta, un candidato que quiere ser President a toda costa en nombre de la concordia y para desinfectar heridas, pasea de los brazos de García Albiol y Arrimadas, clamando por la unidad de la patria. Para demostrar su firme voluntad de poder y que es hombre de pactos “democráticos”, incluye en sus listas para el 21-D a las huestes del socialcristiano Ramón Espadaler, devoto lugarteniente de Duran i Lleida, el comisario político “catalanista” que la oligarquía “catalana” colocó para controlar desde la derecha a la CDC de Pujol. Iceta, después de pasear con los anaranjados y los azules y de pactar con la derecha catalana más rancia (que haría todo lo que pudiera para prohibir el matrimonio entre homosexuales), baila en sus actos electorales mostrando su desparpajo, pero sin perder su aire compungido, en honor de su antiguo President y de sus anteriores colegas en el Parlament a los que también él ha enviado al exilio y a la cárcel. Seguramente, por su propio bien; el suyo. Han sido sonadas las intervenciones de González, Guerra, Fernández Vara, Susana Díaz, Leguina, Corcuera, Bono y un largo etcétera. El espectáculo de los socialistas, incluyendo sus votos a favor del 155, no tiene precio… Bueno, sí, algún precio han pagado con los militantes y dirigentes que han roto su carnet en las últimas semanas, aunque la entrada de los votos de la derecha reaccionaria catalana les compensará electoralmente en el corto plazo. Los que se han ido ahora, siguen la senda de la mayoría de cuadros y militantes que se fueron antes. Del primer jefe nacional de Iceta, Felipe González, dijeron que tenía “lengua de serpiente”. Cuando la mayoría del socialismo catalán decidió unirse al PSOE firmaron el Pacto de Abril (1977) en el que, en uno de sus cinco puntos, ambas partes reconocían el derecho a la autodeterminación. ¿En qué partido entró Iceta? Nada tiene de sorprendente que la dirección nacional del socialismo español aplauda el 155. El PSOE de Largo Caballero colaboró con la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que no tuvo piedad ni con los anarquistas ni con los separatistas. El socialista Juan Negrín, presidente del Consejo de Ministros de la República Española al final de la guerra, prefería entregar el poder a Franco antes de que España se partiera: “No estoy haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. De ninguna manera. Estoy haciendo la guerra por España y para España. Por su grandeza y para su grandeza. Se equivocan gravemente los que otra cosa supongan. No hay más que una nación: ¡España! No se puede consentir esta sorda y persistente campaña separatista, y tiene que ser cortada de raíz“ (Recogido en El Confidencial del 10 de julio de 2017). Yendo un poco más lejos, geográficamente, los socialdemócratas alemanes no dudaron por amor a la patria a la hora de votar los presupuestos de guerra del Imperio que pusieron en franquicia la Primera Guerra Mundial. Traicionaron sus solemnes compromisos adquiridos en la Internacional Socialista con sus hermanos proletarios, que pasaron a ser “enemigos”. Nunca pusieron en duda que “sus” polacos eran alemanes. Polonia obtuvo su independencia al final del conflicto militar. Toca ocuparse de los Ciudadanos Inés Arrimadas y Albert Rivera. Primero socialdemócratas, luego liberales, nacidos anticatalanistas para siempre jamás. Llamar Ciudadanos a un partido político presupone una acotación que deja explícita e implícitamente fuera del concepto a los “otros”. Sus miembros sí son “ciudadanos”; el resto, los otros, quedan excluidos. Aplicando esta lógica, que debería repugnar a un demócrata, la candidata ciudadana Inés Arrimadas ha dicho que es la hora de la gente “normal”. Uno de los principales líderes catalanes del partido naranja, el eurodiputado Javier Nart, nacido en Laredo (Cantabria), quiere esterilizar a las mujeres que tengan alta probabilidad de parir hijos “subnormales”. Unos desinfectan catalanes, los otros esterilizan… y es que no son “normales”. El jefe de todos ellos hizo de meritorio en las Nuevas Generaciones del Partido Popular y ahora goza de la protección de la FAES y de José María Aznar (el Padrino) y de la generosa financiación del IBEX 35 y de otros empresarios rumbosos. Arrimadas es una criatura engendrada por el marketing político, bien envuelta en un papel primoroso y delicado que encierra una sustancia muy tóxica. Los “otros” no merecen ser ciudadanos porque no son “normales”. Arrimadas, de Jerez de la Frontera, la patria pequeña de los Primo de Rivera (padre, militar y dictador; hijo, fundador de Falange), hace unos pocos años que llegó a Catalunya y ya está lista para arreglar a los catalanes que no son “normales”. De casta le viene, tal vez. Su padre, policía en Barcelona en los años 60 en plena era franquista, y su tío, Moisés Arrimadas, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento en Cuenca y Albacete. Si, como señalan las encuestas, los independentistas son mayoría entre los nacidos en Catalunya, y los pro-españoles son mayoría entre los que nacieron en otras partes del Estado (su caladero electoral preferente), la conclusión es clara: los nacidos en Cataluña son anormales. De fuera vendrán que de casa te echarán, dice el refranero… “porque eres anormal o subnormal”. Andan los Ciudadanos empeñados en hacer desaparecer el catalán de las aulas. La lengua construye las naciones. En las primeras elecciones autonómicas de Galicia (febrero de 1981), la Alianza Popular de Fraga Iribarne superó a UCD por primera vez; hundimiento de Adolfo Suárez a continuación y cambio de ciclo. Cada vez más al derecha. Si el 21-D Ciudadanos obtiene cinco o seis veces más diputados que el PP, a Rajoy se le atragantarán los turrones con la alargada sombra de Aznar en el cogote y por su derecha. En Valencia, hay manifestaciones agresivas contra los que salen a la calle para celebrar el Día 9 de octubre. En Madrid, hay policías que en las redes sociales expresan su admiración por Hitler y le desean la muerte a su alcaldesa… Albiol no puede ni quiere disimular su machismo y su racismo, quiere limpiar TV3 y Catalunya Radio para poner gente “normal” y que sea tan plural como la TVE del PP; y presenta al electorado un programa reaccionario en el sentido más riguroso de la palabra. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, jurista de profesión, nos aclara a los legos que el alcance del “delito de odio” va más allá de lo que recoge el Código Penal como “delito de odio”. ¡Qué suerte tenemos! Este hombre ha leído a Lewis Carrol. Algo así como “las palabras dicen lo que yo quiero que digan”. Es una gran aportación la suya, el Estado de Derecho-Chicle-Elástico. Pablo Casado, palentino y dirigente del Partido Popular, pronostica que Puigdemont acabará como el President Lluis Companys. O sea, primero exilio y después cárcel y fusilamiento por los militares… Sáez de Santamaría, a la que algunos medios de Madrid dan el tratamiento de Presidenta de Catalunya, presume de que han sido Mariano Rajoy y su Partido Popular quienes han descabezado el independentismo encarcelando a sus líderes. Confesar que la división de poderes y la independencia judicial en España no existen demuestra una extraordinaria grandeza de espíritu… ¡Cómo deben sufrir los equidistantes y los moderados! Tal vez esto ayude a comprender por qué los jueces y los fiscales llevan ocho largos años investigando quién es el M. Rajoy de los papeles (amarillos) de Bárcenas que cobraba sobresueldos en sobres marrones, sin encontrarlo. El País (5 de diciembre) publica un artículo (“Alicia en la Bélgica de las maravillas”) que denuncia la hispanofobia que se respira en Bruselas. La leyenda negra persigue a los españoles y en los colegios de Flandes adoctrinan a los niños para odiar a España y a los españoles. Lo de los Tercios de Flandes. La culpa es de los eurodiputados nacionalistas vascos y catalanes. Una de las firmantes es una eurodiputada salida de las listas de la UPD de Rosa Díez (ex-socialista). Mucho adoctrinamiento hay por el mundo. El 1 de octubre la policía española y los militares de la Guardia Civil dejaron un millar de heridos en sus cargas contra la gente que, pacíficamente, quería votar, y entre los que había mujeres y ancianos (como en cualquier votación). Uno de los heridos perdió un ojo. Las fuerzas del orden recibieron felicitaciones y serán condecoradas por la Real Orden de San Cristobal (El confidencial digital, 4 de noviembre). Estas actuaciones han sido declaradas secreto oficial por el Gobierno por razones de Defensa Nacional. El 3 de octubre triunfa una huelga general que prácticamente paraliza Catalunya en protesta por la violencia policial el 1-O. El monarca español, jefe de la fuerzas armadas, impuesto en línea directa por el dictador Franco y a quien no le ha votado nadie, lejos de calmar los ánimos, amenaza en TVE con la Ley del Embudo y con el uso de todos los recursos del Estado para regresar al orden constitucional que ha roto el gobierno y el parlamento catalanes; que sí fueron votados democráticamente. Mensaje con intenciones obvias. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal había asegurado que la unidad de España se defendería por tierra, mar y aire y después del 1-O afirmó que el Ejército Español está preparado para defender la integridad de España. Su segundo, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa añadió que las FAS están listas para defender la nación y el 12 de octubre en los corrillos de la Fiesta Nacional rubrica la amenaza. “Creo que no hará falta que el Ejército tenga que intervenir en defensa de la integridad de España”. Cuando Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en declaraciones el 17 de noviembre a Rac-1 dijo que el gobierno de Rajoy había hecho llegar amenazas al Ejecutivo catalán de que si no reculaban habría “muertos en la calle” porque “no dudaría en utilizar el Ejército llegando si fuera necesario a la violencia extrema”, en la Moncloa se apresuraron a desmentirla calificando sus palabras de burda patraña y de delirio. El excoronel Martínez Inglés en un informe publicado en Canarias Semanal (7 de diciembre) da la razón a Marta Rovira aunque señala que se quedó corta. Sostiene que el gobierno de M. Rajoy había diseñado un operativo secreto para “hundir la moral de los políticos catalanes” con la ayuda de especialistas en guerra psicológica. Martínez Inglés, aparte de aportar otros detalles, valora las consecuencias de una intervención militar que habría dejado “desgraciadamente muertos sobre el terreno, con multitud de daños directos sobre el enemigo (vidas humanas y material de guerra) o colaterales (vidas humanas de civiles y haciendas y bienes materiales”. La revista Interviú (13-19 de noviembre) publicó un informe detallado del plan para asaltar el Parlament de Catalunya por las Fuerzas del Orden. Andrea Levy, vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP no se corta y dice ante los micrófonos de Radio Nacional de España (la emisora fundada por Franco en Burgos durante la guerra civil) que “Puigdemont ha puesto en riesgo la vida de todos los catalanes”. Hay que preguntar: ¿pensaban matarlos a todos? Quisling, el político noruego que dio un golpe de Estado contra el gobierno democrático y legítimo mientras los alemanes invadían su país, y que impuso una dictadura fascista durante la ocupación nazi, lo justificó para “salvar las vidas y las haciendas de los noruegos”.
Un 23% de españoles boicotean productos catalanes (La Vanguardia, 9 de noviembre de 2107). Este negocio lo empezó, hace ya muchos años, Jiménez Losantos en la COPE, la emisora de los obispos católicos. Dos años de prisión y un día para los doce raperos de La Insurgencia por enaltecimiento del GRAPO, “tónica subversiva delante del orden constitucional democrático” (La Vanguardia, 6 de diciembre de 2017). Por si acaso: el Tribunal entiende que hay un “riesgo abstracto” de nuevos atentados por si el público que escucha sus canciones se anima. Jóvenes de Alsasua llevan más de un año encarcelados, acusados de terrorismo, por una bronca nocturna en un bar. En la España democrática y cañí, entre operetas y zarzuelas, también hay titiriteros terroristas que pasan una temporada a la sombra. Eurodiputados españoles tienen el hábito de llamar terroristas a los eurodiputados catalanes Terricabras y Tremosa. González Pons, eurodiputado del PP, refiriéndose a Junqueras y otros políticos catalanes en prisión, en una intervención reciente habla de presos de ETA. ¿Lapsus? Una jueza anula el protocolo de la ley contra la pobreza energética (La Vanguardia 6 de diciembre de 2017), un modo limpio de convertir la ley en papel mojado. Cerca de 30 leyes, muchas de contenido social, han sido frenadas por el Gobierno español. La Ley Mordaza del Partido Popular va enviando a los Tribunales de Justicia a los desafectos y díscolos. Ahora incorporan los Delitos de Odio, para atar cabos sueltos. Hay tantas garantías en las elecciones catalanas del 21-D que incluso hay candidatos en la cárcel y en el exilio. La Junta Electoral Central prohíbe las iluminaciones en amarillo, pero no en azul o en naranja. Alegando “razones de defensa nacional”, Rajoy adjudica a dedo el recuento electoral del 21-D a Indra, empresa que según la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil desvío más de 600.000 euros a la caja B del Partido Popular. Y por si acaso, el Partido Popular avisa de que, si no le gustan los resultados, seguirá con el 155. Ni en Europa hay tanta democracia y tantas garantías. Y así hasta aburrir. ¿Tal vez son fachas? Pablo Iglesias ha declarado que los independentistas han despertado al monstruo. Opino que el Monstruo no ha dormido ni un segundo y que está despierto desde mucho antes de llamarse franquismo o fascismo. Desde la Transición el Monstruo ha seguido entre nosotros en modo “Guardián del Cortijo” y con ojo avizor. A los franquistas cuarenta años les dio para mucho. Y en aquellos años que bautizaron como la Transición, supieron pasar de la franquista democracia “orgánica” a la democracia “neo-franquista, sin despeinarse; pero eso sí, con la colaboración necesaria de algunos cooperantes bien retribuidos. El nacionalismo exaltado y expansivo, una característica distintiva del fascismo en todas las latitudes, ya anidaba entre nosotros antes del franquismo. La guerra de Cuba por poner un ejemplo. De esto podríamos hablar otro día. Ya en los felices años de la Transición, más de uno comprendió perfectamente lo que había sucedido y lo que faltaba por venir. José Ramón Lasuén, economista aragonés y decano honorario por su labor como fundador de la Facultad de Económicas de la Autónoma de Madrid, político socialdemócrata en la oposición, a ratos más cerca de Adolfo Suárez y a ratos más próximo a Manuel Fraga, dejó un lúcido y anticipador análisis sobre la Transición en una fecha tan temprana como diciembre de 1979, unos meses después de la aprobación de la Constitución y dos años antes del 23-F. A propósito de la “metamorfosis del franquismo” caracterizaba tanto al franquismo como al posfranquismo por un objetivo común: el “ejercicio permanente del poder”. Tras referirse a “la semicasta de técnicos, letrados e ingenieros, continuadores del despotismo ilustrado (…) y vertebradores iniciales del franquismo” advertía (subrayémoslo, dos años antes del golpe de Estado del 23-F-81) que la etapa que comenzaba tras las elecciones de 1979 sería probablemente una etapa de regresión: “Para reducir, por vía de las leyes orgánicas, todo lo negociado en la Constitución a cambio de la Monarquía que es incompatible con la base cultural y sociológica del posfranquismo” (La España mediocrática, editorial Planeta, Barcelona, 1979, p. 44). Luego vino la LOAA, la LOFCA, la recentralización de competencias, la anulación sistemática de leyes autonómicas, la sentencia del Tribunal Constitucional del Estatut de Catalunya a instancias del Partido Popular; todo pronosticado. Todo un anticipo del artículo 155, no desarrollado por una Ley Orgánica, al fin aplicado formalmente tal vez excediendo la legalidad constitucional. Nada incomodaba más al neofranquismo democrático que el Estado de las Autonomías. El Gobierno español prepara una nueva Ley de Nueva Planta. Para esto se han sentado en la comisión de la reforma constitucional. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en el Forum Europa de Bilbao (10 de noviembre): “No sé si estamos en el momento de ampliar competencias o de fortalecer los instrumentos de colaboración y cooperación o de que el Gobierno central vuelva a asumir políticas públicas esenciales”. De Felipe V a Felipe VI. El “milagro” de la Transición fue inventar un nuevo espécimen político, los fascistas demócratas. Fuera de estas fronteras parece que tomaron buena nota. También de esto podríamos hablar otro día. http://guerrilleroshabanosymojitos.blogspot.com.es/2017/12/los-fascistas-democratas-de-espana.html
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2017.11.30 18:00 AreaParticipacionRM Domumento 2 Camina Podemos: La Región de Murcia ante el debate del cambio constitucional y el reconocimiento de un Estado plurinacional y federal"

La Región de Murcia ante el debate del cambio constitucional y el reconocimiento de un Estado plurinacional y federal MAQUETADO Y DISPONIBLE PARA DESCARGAR DESDE AQUÍ
  1. Podemos Región de Murcia rechaza la ofensiva política lanzada por el Partido Popular (y Ciudadanos) contra el Estado de Las Autonomías con una pretensión apenas disimulada de recentralización estatal. Por el contrario, reconocemos que el autogobierno conseguido por la Región de Murcia en estas cuatro décadas ha posibilitado acercar a la ciudadanía las instituciones políticas y generar dinámicas de regionalización de todos los ámbitos de la vida social. Consideramos, sin embargo, que ha llegado el momento de una profundización del autogobierno en un sentido federal para hacer frente a los nuevos desafíos planteados por la crisis económica, social y política que se abrió en 2008.
  2. La principal deficiencia del Estado de las Autonomías, que ha perjudicado a las regiones periféricas como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es la ausencia de un espacio de representación institucional de las regiones y nacionalidades con competencias efectivas en las materias que les afectan en tanto que estructuras políticas, culturales y territoriales autónomas. El Senado no ha cumplido con esa función y por tanto el desafío político pendiente consiste en construir una institucionalidad para la representación territorial del país, acorde con las aspiraciones de descentralización democrática de los pueblos de España y que posibilite la resolución de los graves problemas de financiación, respeto cultural y desarrollo competencial de las regiones. La creación en 2004 de la Conferencia de Presidentes de CCAA y Ciudades Autónomas en 2004 expresa, implícitamente, la imposibilidad de abordar los problemas territoriales de España desde el Senado y tampoco ha servido de mucho.
    En ausencia de una institucionalidad de representación territorial lo que ha funcionado son las negociaciones bilaterales entre el gobierno autonómico y el central lo cual ha conducido a una lógica de diferenciación entre, por un lado, regiones ganadoras, conforme a su mayor capacidad de negociación política, y por otro, regiones perdedoras, dado su menor peso político. La Región de Murcia ha sido una región perdedora como lo muestra su pésima infrafinanciación, el déficit de infraestructuras, los problemas del agua, etc.
    Podemos Región de Murcia apuesta por la construcción de una institucionalidad que posibilite la representación territorial de las diferentes regiones y naciones de España y que supere definitivamente el modelo de negociación bilateral que conduce a una profundización de las desigualdades entre regiones ganadoras y perdedoras.
  3. La Región de Murcia continúa siendo una región periférica, esto es, una región de bajos salarios y elevada pobreza con una realidad productiva de bajo valor añadido y productividad, que además acumula importantes agravios respecto a otros territorios en materia de infraestructuras y servicios públicos. La Región de Murcia es una de las regiones más perjudicadas por el modelo de financiación autonómica del Estado español, el cual es injusto, genera agravios comparativos fuertes y, por tanto, incumple el principio de solidaridad. La Región de Murcia ha sido marginada en las inversiones territorializadas del Estado de manera sistemática. El Estado no ha garantizado la financiación por la vía del Fondo de suficiencia global de todas las competencias que se han ido transfiriendo al gobierno autonómico, habiéndose acumulado una «deuda histórica» en la medida en que este fondo no ha funcionado correctamente.
    La salida a la crisis territorial que vive España debe pasar necesariamente, en el caso de la Región de Murcia, por el reconocimiento y resolución de la deuda histórica acumulada que asciende según el Consejo Económico-Social entre 1400 y 2200 millones en los últimos diez años.
  4. El modelo de financiación autonómica del Estado español hace agua por todos lados, siendo la Región de Murcia una de las autonomías más perjudicadas.
    Se trata de un sistema de financiación inestable como consecuencia de sus peculiaridades políticas e institucionales propias del Estado español. Por un lado, los distintos gobiernos centrales no han sido capaces de renunciar a los beneficios electorales que puede obtener mediante la negociación política de las características del modelo de financiación. Por otro lado, existen tres factores institucionales que incentivan la renegociación continua del sistema: 1) las asimetrías entre el sistema de financiación Foral (País Vasco y Navarra) y el de Régimen Común (mucho más favorables al primero, que genera agravios a las Comunidades Autónomas más ricas, las cuales podrían obtener más ingresos con un sistema parecido al Régimen Foral); 2) la excesiva dependencia de las transferencias del gobierno central (la poca autonomía fiscal que tradicionalmente ha existido en el sistema de financiación autonómico), la cual hace que la principal estrategia de los gobiernos autonómicos para aumentar sus ingresos sea presionar para obtener más transferencias del gobierno central (y no tanto aumentar la corresponsabilidad fiscal) y 3) la progresiva transformación del Estado Autonómico (nuevas transferencias a los gobiernos autonómicos) que ha tenido como consecuencia que se haya consolidado la naturaleza "abierta" del sistema.
    No es un sistema justo ni solidario, y ha sido utilizado como un instrumento al servicio de la reproducción de sus intereses políticos. Lejos de actualizar el modelo que caducó en el 2013, han aprobado un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que lo que hace es endeudar aún más a las comunidades más endeudadas. La Deuda pública de la CARM en el segundo semestre de 2017 ha crecido en 379 millones de euros y ya está situadaa esa fecha en la escalofriante cifra de 8681 millones de euros.
    En definitiva, el modelo de financiación ha generado enormes agravios comparativos entre comunidades por el reparto injusto que realiza el Estado central, se ha acumulado una deuda histórica descomunal por gestionar mal el traspaso de competencias de los servicios públicos fundamentales y hay un desfase de 2 años entre el momento que el Estado central recauda los impuestos procedentes de la Comunidad Autónoma y el momento en que los cede, lo que provoca un serio desequilibrio financiero entre ingresos y gastos.
  5. Podemos Región de Murcia valora positivamente el reconocimiento de la diversidad plurinacional de España y considera que no es incompatible el funcionamiento “confederal” de las nacionalidades históricas (mediante cupos y hacienda propia) con una solución de las desigualdades territoriales entre los territorios. Para ello, se requiere de una configuración del Estado de carácter federal que se plantee como objetivo una coordinación entre las regiones federadas en un sentido de simetría y equidad que evite el dumping fiscal.
    La imagen de la realidad española no puede limitarse a los trazos gruesos dibujados por los neocentralistas actuales por un lado y a los independentistas por otro. Todo nuevo pacto político que acompañe una reforma constitucional ha de apuntar a una reestructuración de la complejidad del Estado Español que tenga la miras puestas en cómo conjuntar mejor la diversidad política y cultural de los territorios regiones y naciones de España.
    La doble crisis social y territorial, que padece el país, ha puesto de manifiesto que el Estado español necesita llevar a cabo una reforma para avanzar en un marco institucional que favorezca la integración territorial y social de sus regionales y naciones, que debe avanzar en los siguientes aspectos:
.* Tribunal constitucional: Es necesario resolver los procesos de elección de sus miembros e impedir que se conviertan en mera representación de los intereses partidistas que replican los criterios de proporcionalidad de los apoyos parlamentarios. Sin olvidar, abrir la posibilidad de avanzar hacia un poder judicial federalizado.
.* Incorporación de las CC.AA a las relaciones intergubenamentales: Institucionalizar de manera efectiva foros como la Conferencia de Presidentes, a la que se podría otorgar un carácter consultivo periódico, podría mejorar la articulación del Estado autonómico. Ello requiere la concreción de una cultura federal, una auténtica cultura de la colaboración intergubernamental
.* Constitucionalización de las reglas básicas de financiación autonómica: La constitucionalización del principio de ordinalidad como restricción sería una solución en conjunto de solidaridad y autonomía.
.* Reflejo constitucional de la plurinacionalidad del Estado: avanzar hacia una estructura federal del Estado a fin de que sea apto para un sociedad multinacional, en el que se reconozca explícitamente la multiplicidad de naciones que encierra en su seno.
.6. Podemos Región de Murcia defiende los siguientes principios sociales básicos de articulación territorial del Estado:
Garantizar los Servicios Públicos Fundamentales por encima de todo, lo que implica el inmediato abandono de la mal llamada “consolidación fiscal” (que ha provocado un deterioro en los recursos disponibles). El Estado en su conjunto debe garantizar esos Servicios Públicos Fundamentales a los que consideramos necesario incluir las prestaciones por dependencia. Para ello hay que reforzar el Fondo de Garantía de Financiación de los Servicios Públicos Fundamentales.
La nivelación entre los recursos de los distintos territorios se consigue respetando el principio de ordinalidad (al mantener el orden tras transferencias) y el de solidaridad (al garantizar la financiación basada en las unidades de necesidad). Proponemos ampliar el Fondo de Convergencia Interterritorial, y dotar a la inversión de los P.G.E. unos criterios específicos que permitan territorializarla y fomentar la convergencia regional.
Fomentar una mayor autonomía para así conseguir una mejor gestión basada en un modelo federal y plurinacional. Mediante la reforma del sistema de cuenta (para que sea mucho más rápido) y la eliminación del FLA. Avanzando progresivamente en una agencia federal de la administración tributaria.
Gobiernos, territorios, regiones y naciones han de colaborar en mantener la “unidad en la diversidad, que el sistema federal pone en juego. Federalismo es más autogobierno pero también más gobierno compartido social y colaborativo.
.7. Podemos Región de Murcia considera que el Estado puede asumir la convivencia de dos sistemas de financiación autonómica, concierto y reparto, siempre que la financiación normativa por habitante a competencias homogéneas sea la misma en todos los territorios y previa atenuación en función de factores de nivelación territorial que garanticen la solidaridad entre los territorios.
Para hacerlos compatibles debe acometerse una reforma “político-institucional” que dote al Consejo de Política Fiscal y Financiera, al Senado o a un órgano de nueva creación en que los los acuerdos entre Comunidades Autónomas adopten los acuerdos relativos a financiación y normativa sobre tributos de forma colegiada. Los ingresos de las principales figuras tributarias los seguiría realizando el Estado pero se coordinarían las capacidades normativas autonómicas (sobre tributos propios y cedidos) a fin de evitar prácticas de dumping fiscal.
Los principios que deben regir la financiación que la Región necesita (no olvidemos que la nuestra es la segunda Comunidad Autónoma peor financiada) son los siguientes:
-Máxima territorialización de los tributos, utilizando los tributos indirectos estatales como base para establecer los fondos de Nivelación territorial. -Nivelación de la financiación por habitante. -Armonización de las normas tributarias autonómicas en materia de tributos propios y cedidos. 
.8. Podemos Región de Murcia considera que dentro del nuevo modelo de España plurinacional, se reconozca la problemática específica del campo murciano relacionada con el agua. La crisis hídrica que vive nuestra tierra es solo el epílogo del tema-sociedad que ha marcado nuestra construcción identitaria en las dos últimas décadas. Por ello hemos de resolver esta encrucijada del modelo productivo agrícola murciano, lo cual debe ser una prioridad indiscutible ahora que el PP de Tejerina y Rajoy han decidido definitivamente romper el discurso tradicional trasvasista del agua de la derecha murciana. Además, poder mostrar un modelo sostenible y garantista para el campo murciano supone, al mismo tiempo, ejercer un liderazgo político para toda la vertiente mediterránea española, huérfana de propuestas políticas consistentes que permitan compatibilizar empleo, ecología y solidaridad en un contexto de agudización de la sequía y de cambio climático.
En un contexto de cambio climático, la fuerte sequía tanto hidrológica como meteorológica no puede interpretarse como algo puntual. Es por ello que se hace necesario cambiar el patrón de intervención de las políticas de gestión de aguas y planificación hidrológica diseñando mecanismos, no solo técnicos, sino también de carácter institucional con el objetivo de alcanzar una gobernanza adecuada del agua y de la sequía a escala de Demarcación, especialmente en las de las zonas semi-áridas como la del Segura.
Resulta imprescindible abordar los cambios legislativos e institucionales oportunos que hagan posible la participación efectiva de todas las administraciones y usuarios del agua en la planificación de las aguas y en la gestión de la sequía. Por este motivo, de forma complementaria, pero de manera más ambiciosa al papel que desempeñan los organismos de cuenca, apostamos por la correcta implementación de un organismo ya previsto en la DMA, el Comité de Autoridades Competentes (CAC), que incluya entre sus funciones la gestión de la sequía de manera prioritaria.
Desde Podemos Región de Murcia exigimos su correcta implementación del CAC, dotándole de capacidad de decisión sobre planificación y gestión de la sequía, teniendo en cuenta que la propia Ley de Aguas y la DMA ya les atribuye la función de garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas.
Precisamente por su propia funcionalidad este órgano resulta más pertinente que nunca al estar configurado como órgano de cooperación en todo lo relativo a la protección de las aguas, ya que podrá incorporar en su seno a todas las escalas de la Administración Pública y de las diferentes políticas sectoriales de competencia autonómica como la agraria, la ambiental y la hídrica. Entendiéndose también integrada en este órgano la Administración Local en cuánto a su responsabilidad sobre abastecimiento y saneamiento a poblaciones.
A nivel de planificación Podemos Región de Murcia el uso y aplicación de los Planes Especiales de Sequía en la Cuenca del Segura (PES) que, una vez revisados para adaptarlos a la DMA y corregidas las deficiencias detectadas por la Comisión, conforman el mejor instrumento para hacer frente a la difícil situación que vive la Región de Murcia. Del mismo modo, apostamos por aplicar los planes de emergencia en situaciones de sequía para los municipios de más de 20.000 habitantes, ambos prácticamente olvidados por el gobierno del PP durante más de una década.
.9. Podemos Región de Murcia considera que dentro del nuevo modelo de España plurinacional, se reconozca la problemática específica del campo murciano relacionada con el agua. La crisis hídrica que vive nuestra tierra es solo el epílogo del tema-sociedad que ha marcado nuestra construcción identitaria en las dos últimas décadas. Por ello hemos de resolver esta encrucijada del modelo productivo agrícola murciano, lo cual debe ser una prioridad indiscutible ahora que el PP de Tejerina y Rajoy han decidido definitivamente romper el discurso tradicional trasvasista del agua de la derecha murciana. Además, poder mostrar un modelo sostenible y garantista para el campo murciano supone, al mismo tiempo, ejercer un liderazgo político para toda la vertiente mediterránea española, huérfana de propuestas políticas consistentes que permitan compatibilizar empleo, ecología y solidaridad en un contexto de agudización de la sequía y de cambio climático.
.10. Una España plurinacional y diversa no solo debe buscar la cohesión entre regiones sino también la cohesión entre las realidades urbanas y rurales. La España rural encuentra en nuestra Región uno de sus tradicionales asentamientos, debiendo resolver las situaciones de éxodo territorial y despoblamiento que la azotan. Mantener unos pueblos vivos no pasa por grandes proyectos de infraestructuras y sí por encontrar una posibilidad de desarrollo sostenible en todos estos enclaves que los hagan atractivos para la población joven, superando el déficit de servicios públicos y representatividad. Fijar población y evitar desequilibrios intraterritoriales nos acerca al objetivo de un país más justo y diverso.
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2017.04.06 16:31 alforo_ Tribunal Supremo. Desestima recurso Marhuenda sentencia AP.Barcelona.01.02.17

RIBUNAL SUPR EMO SALA DE LO CIVIL AUTO En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil diecisiete . I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.

La representación procesal de D. Francisco Marhuenda , Jesús María Zuloaga y Audiovisual Española 2000, S.A. presentó escrito de interposición d e recurso de casación contra la sentencia dictada, con fecha 7 de abril de 2016, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª) , en el rollo de apelación n.º 131/2015 , dimanante de los autos de ordinario n.º 1230/2013 del Juzgado de Primera Insta ncia n.º 38 de Barcelona .

SEGUNDO.

Mediante diligencia de ordenación de 13 de junio de 2016 se tuvo por interpuesto el recurso, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, previo emplazamiento de las partes, apareci endo notificada dicha resolución a los procuradores de los litigantes.

TERCERO.

La Procuradora D.ª Virginia Cardenal Pombo, en nombre y representación de D. Francisco Marhuenda , Jesús María Zuloaga y Audiovisual Española 2000, S.A. presentó escrito ante esta Sala el día 29 de junio de 2016, personándose en concepto de parte recurrente. El recurrido D. Narciso Ortega no ha comparecido ante esta Sala. Es parte interviniente el Ministerio Fiscal.

CUARTO.

Por providencia de fecha 23 de noviembre de 2016 s e pusieron de manifiesto las posibles causas de inadmisión del recurso a las partes personadas.

QUINTO.

El Ministerio Fiscal, mediante informe fechado el 7 de diciembre de 2016 muestra su conformidad con las causas de inadmisión puestas de manifiesto. La s partes recurrente y recurrida no han efectuado alegaciones.

SEXTO .

Por la parte recurrente se ha efectuado el depósito para recurrir exigido por la disposición adicional 15.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Ha sido ponente el Excmo. Sr. Magis trado D. Pedro José Vela Torres , a los solos efectos de este trámite. II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .

El presente recurso de casación se interpone contra una sentencia recaída en ordinario de tutela de derechos fundamentales, por lo que su acceso a la casación habrá de hacerse a través del ordinal 1.º del art. 477.2 LEC , en su redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, aplicable al presente recurso, al haberse dictado la sentencia recurrida con poster ioridad a la entrada en vigor de dicha norma (31 de octubre de 2011), siendo este el cauce utilizado por la parte recurrente.

SEGUNDO .

El recurso de casación se interpone al amparo del ordinal 1º del art. 477.2 LEC , alegando en un único motivo la infra cción del derecho fundamental a la libertad de información y expresión consagrado en el art. 20.1 CE En su recurso alega expresamente el recurrente que no comparte en absoluto el juicio de ponderación de los derechos en conflicto realizado en la sentenci a recurrida, siendo 2 desacertada la valoración jurídica que lleva a la Audiencia a establecer conclusiones a las que el lector llegaría tras la lectura conjunta de los titulares de la portada y la noticia, sin llegar a valorar el texto del artículo en cuest ión al que correspondían dichos titulares, de donde no se extrae que haya habido intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, toda vez que la información que citaba al actor se limitaba a decir que este fue invitado a comer por F. Marco, he cho probado y cuya inexactitud respecto al nombre del restaurante, la sentencia aprecia que es un error circunstancial, quedando el demandante en el resto de la información al margen del expediente sancionador instruido a la agencia de detectives Método3 , ya que en el artículo se relataba pormenorizadamente en qué consistía ese tipo de inspecciones a las agencias de seguridad privada, así como que en el caso concreto del expediente incoado a Método3, se decía expresamente a que órgano del Ministerio del Int erior le había correspondido el archivo, citando al Secretario de Estado de Seguridad D. Justo Zambrana como responsable del mismo, siendo esta información debidamente contrastada por el redactor de la noticia y acreditada mediante copia completa de dicho expediente sancionador que obra como prueba documental en autos. Añade para el caso de mantenerse la intromisión ilegítima, que la cantidad fijada en concepto de indemnización es excesiva, desproporcionada y no atiende a los parámetros legales, puesto que la lesión carece de gravedad al no verse afectado el prestigio profesional del demandante.

TERCERO.

El recurso ha de ser objeto de inadmisión por carecer manifiestamente de fundamento ( art. 483.2.2.º en relación con el art. 481.1 de la LEC ). En efecto , expuesto lo que es objeto del recurso, y como indica el propio recurrente en su recurso, en realidad este no está conforme con la valoración efectuada en la sentencia recurrida, al mantener que esta aprecia la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante por el vínculo que se dibuja entre los subtitulares de la portada de la noticia y esta, sin analizar el texto del artículo en cuestión que solo recogía información veraz. Con tal planteamiento elude que la sentencia recurrida sí analiza la noticia, tanto la portada como las páginas interiores donde se desarrolla, llegando a la conclusión que las posibles inexactitudes sobre el nombre del restaurante en que tuvo lugar la reunión o la fecha de la comida podrían considerarse accesorias o secund arias de ser cierto en hipótesis el núcleo de la noticia publicada. Sobre ese núcleo la sentencia aprecia otras inexactitudes más trascendentales y, entre ellas, las referidas al archivo del expediente a Método3 , en cuya portada se relaciona con la comida y actuación prevaricadora del Sr. Ortega , apareciendo en las páginas donde se desarrolla la noticia la imagen del Sr. Ortega para identificar al jefe superior de Policía de Barcelona, al margen de que se manifieste posteriormente en el artículo la falta d e relación causa y efecto entre el archivo del expediente y la comida y se concrete que quien archiva meses después es Interior pues de la portada se infiere otra cosa, estando acreditado que esa conexión es radicalmente falsa y que el archivo del expedien te en modo alguno es imputable a ningún tipo de actuación del jefe superior de Policía de Barcelona. Precisa, al igual que hiciera la sentencia de primera instancia, que estas falsedades se insinúan o inducen directamente de la portada del diario y son rel evantes para entender que se está imputando claramente un comportamiento prevaricador por motivos ideológicos al alto jefe superior de Policía de Barcelona que se ve acompañado con una imagen de su persona en el artículo que posteriormente desarrolla la po rtada e indudablemente afectan al honor de un alto cargo con la proyección pública que tiene, el decoro que se le supone y el prestigio y méritos que constan acreditados. En definitiva aplica la doctrina de esta Sala contenida en STS de 1 de junio de 2016 , Rec. n.º 990/2014 que dice que:

" 1.

Es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional y de esta Sala (sentencias 775/2013, de 2 de diciembre , 1/2014, de 15 de enero , 70/2014 ,de 24 de febrero , 422/2014, de 30 de julio , 258/2015, de 8 de mayo , y S STC 6/1988 , 105/1990 , 171/1990 , 172/1990 , 143/1991 , 197/1991 , 40/1992 , 85/1992 , 240/1992 y 1/2005 ) q ue la regla constitucional de la veracidad de la información no va dirigida tanto a la exigencia de una rigurosa y total exactitud en la informació n cuanto a negar la garantía o protección constitucional a quienes, defraudando el derecho de todos a recibir información veraz, actúan con menosprecio de la veracidad o falsedad de lo comunicado, comportándose de manera negligente e irresponsable al trans mitir como hechos verdaderos simples rumores carentes de toda constatación o meras invenciones 3 o insinuaciones sin comprobar su realidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, lo que ha de entenderse sin perjuicio de que su total exactitud pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado. Como razona la sentencia 470/2014, de 30 de septiembre , prescindiendo de la forma elegida para su comunicación y de inexactit udes no esenciales, la información se reputará veraz si se basó en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas y susceptibles de contraste, de modo que las conclusiones alcanzadas por el informador a partir de los datos contrastados que result en de aquellas sean conclusiones a las que el lector o espectador medio hubiera llegado igualmente con los mismos datos.

2.

Sobre el error admisible, esta Sala ha declarado que «[l]a veracidad que exige el art. 20.1.d de la Constitución no queda excluida por la utilización de expresiones aisladas desafortunadas, los errores circunstanciales o las inexactitudes que no afectan a la esencia de lo informado. No es exigible una veracidad entendida como una exactitud absoluta y plena, ha de atenderse a la esenc ia de los hechos, y dentro del ámbito de protección que otorga dicho derecho fundamental caben errores o desviaciones que no alteren la verdad esencial de las afirmaciones» ( sentencia 272/2015, de 5 de mayo ).

3.

La rectificación del medio no elimina la intromisión causada por la inicial información, esencialmente errónea. Con relación a la incidencia del derecho de rectificación a que se refiere la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, la sentencia del Tribunal Supremo 17/2014, de 23 de enero , declara n

uevamente

citando la 619/2004 de 5 de julio

que el hecho de que el periódico publicara la rectificación solicitada por el demandante «no elimina la intromisión ilegítima, porque como declararon las sentencias del Tribunal Constitucional n.º 40/92 y 52/9 6 el ejercicio del derecho de rectificación no suplanta la acción de protección del derecho al honor, aunque pueda influir en la cuantía de la indemnización, y ambas acciones son por tanto compatibles". Cabe recordar que la STS de 20 de noviembre de 2008, rec. n.º 2387/ 2002 ya admitía que: "la imputación de hechos contra el buen crédito y la reputación también se podía producir con evasivas, insinuaciones o dejando en el aire suspicacias o sospechas sin fundamento. Así lo viene declarando la jurisprudenci a, y entre las Sentencias más recientes cabe citar las de 22 de julio y 18 de septiembre de 2.008 que se refieren, respectivamente, a la "forma de dar la noticia" y "forma en que la información se ha emitido"; de 10 de septiembre de 2.008 que sanciona "til dar de forma indirecta, pero clara, de corruptos"; y de 16 de octubre de 2.008 que aprecia la existencia de intromisión cuando se realiza mediante la "insinuación de conductas, no solo delictivas, sino incluso ilícitas o inmorales". De esta forma y como s e razona en la sentencia recurrida, atendiendo a las circunstancias concurrentes y la forma en que la información se ofrece al lector, se aprecia de conformidad con la doctrina de esta Sala, la intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante. T odo lo dicho nos lleva a concluir que el presente recurso de casación ha de resultar inadmitido, al apreciarse desde esta misma fase de admisión una carencia manifiesta de fundamento en el motivo planteado. Las alegaciones del recurrente respecto de la cu antía de la indemnización tampoco pueden prosperar al incurrir en causa de inadmisión de falta de respeto a la valoración probatoria efectuada por la sentencia recurrida al pretenderse una revisión de los hechos probados ( art. 483.2, 2.º en relación con e l art. 481.1 LEC ). Por lo que respecta a la cuantía del daño moral, la sentencia de primera instancia, reconoce una indemnización de 30.000 euros atendiendo a la gravedad de la intromisión, las circunstancias del caso, la difusión del medio y el benefici o obtenido, todo expuesto y debidamente valorado, pues estima que la cantidad de 150.000 euros solicitada por el demandante es excesiva. La sentencia de la audiencia provincial confirma dicha indemnización razonando que "ha de confirmarse la «justa compens ación» del daño irrogado al demandante establecida por la sentencia de primera instancia, resultado de ponderar adecuadamente los parámetros legales en su aplicación al caso teniendo a la vista los precedentes de decisiones de tribunales de apelación para supuestos semejantes". 4 El recurrente discrepa del importe de la indemnización acordada por la Sentencia de segunda instancia al entender que la cuantía de la indemnización por los daños morales producidos es desproporcionada. Como quedó expuesto la Sen tencia recurrida, compartiendo en esencia los argumentos contenidos en la Sentencia de 1.ª Instancia, tras valorar las circunstancias del litigio estima adecuada como indemnización por daño moral la suma de 30.000 mil euros. Lo que realmente plantea el rec urrente a través de este punto del recurso es su disconformidad respecto a la indemnización fijada por la Audiencia, pretendiendo una nueva valoración de la prueba, olvidando, tal y como se sostiene en el Auto de inadmisión del recurso 1690/2000, de 28 de enero de 2003, "la doctrina sentada por esta Sala de que la fijación de la cuantía de la

indemnización de los perjuicios sufridos es facultad de los órganos de instancia (cfr. SSTS 29

9

97 , 26

2

98 y 17

5

99 , entre las más recientes), y que la determinac ión de los presupuestos fácticos de la existencia o inexistencia de daños y perjuicios son cuestiones de hecho cuya apreciación corresponde a la instancia y, por lo tanto, no cabe su revisión en esta sede si no es a través de la impugnación, como paso prev io, de la resultancia probatoria obtenida, aduciéndose error de derecho en la apreciación de la prueba y siempre con la invocación de la norma o normas que contengan regla valorativa de la prueba que se reputen infringidas (cfr. SSTS 2
2001 )". En suma, la Sentencia de la Audiencia resolvió sobre la vulneración del derecho y sobre el montante de la indemnización, atendiendo a las circunstancias que consideró acredita das, tras la valoración probatoria correspondiente y, como se ha razonado, la revisión del de hecho queda al margen del recurso de casación, sin que resulte posible atender a los argumentos expuestos por la parte recurrente en su escrito de interposición p or los razonamientos expuestos. Por último y como han reiterado, por ejemplo, las Sentencias 29/2015, de 2 de febrero (Rec. 3417/2012 ) y 123/2015, de 4 de marzo (Rec. 41/2013 ): "Es doctrina de esta Sala que la fijación de la cuantía de las indemnizacio nes por resarcimiento de daños materiales o por compensación de daños morales no tiene acceso a casación, pues corresponde a la función soberana de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba, sólo susceptible de revisión, por error notorio o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción o se comete una infracción del ordenamiento en la determinación de las bases tomadas para la fijación de la cuantía. A tenor de lo expuesto la cuantía de la indemnización no es objeto de casación, co mo tal, solo puede serlo la base jurídica que da lugar al mismo. Así lo declaran, entre otras, las sentencias de esta Sala núm. 290/2010, de 11 de mayo , y núm. 497/2012, de 3 de septiembre ".

CUARTO.

Consecuentemente procede declarar inadmisible el recu rso de casación interpuesto y firme la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC , dejando sentado el art. 483.5 LEC que contra este Auto no cabe recurso alguno.

QUINTO .

Siendo inadmisibles el recurso, tal circunstancia supone la pé rdida del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

SEXTO.

Abierto el trámite de puesta de manifiesto contemplado en el art. 483.3 LEC y no habiendo prese ntado escrito de alegaciones la parte recurrida, no se hace expresa imposición de costas. LA SALA ACUERDA 1º) Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal d e D. Francisco Marhuenda , D. Jesús María Zuluaga y Audiovis ual Española 2000, S.A. contra la sentencia dictada, con fecha 7 de abril de 2016, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 16.ª), en el rollo de apelación n.º 131/2015 , dimanante de los autos de ordinario n.º 1230/2013 del Juzgado de Primera Ins tancia n.º 38 de Barcelona, sin hacer expresa imposición de costas. 2º) Declarar firme dicha Sentencia. 5 3º) Con pérdida del depósito constituido. 4º) Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, que la no tificará a la parte recurrida a través de su representación procesal, llevándose a cabo la notificación de la presente resolución por este Tribunal al Ministerio Fiscal y a la parte recurrente comparecida ante esta Sala. De conformidad con lo dispuesto en el art. 483.5 LEC contra la presente resolución no cabe recurso alguno. Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, de lo que como Secretario, certifico
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2016.11.05 10:45 EDUARDOMOLINA El Gobierno en la sombra del Ibex35, con ustedes, la Gran Coalición invisible. Una minoría selecta de los 417 consejeros de las principales corporaciones conforma el poder real: sus empresas empiezan a pesar más que el Estado, y a asumir paulatinamente sus competencias

Rubén Juste de Ancos / José Luis Marín (infografía)
http://ctxt.es/es/20161026/Politica/9229/ministros-investidura-gobierno-Rajoy-coalicion-Ibex-35.htm
(Es muy interesante pinchar el enlace para ver las conexiones múltiples entre los poderosos)
Joaquín Costa escribió en 1903 que “lo que las mayorías hacen con el voto, las minorías lo hacen con la obstrucción”. Antes de las elecciones de junio de 2016, Juan Miguel Villar Mir -- el empresario y ex político que triplicó su fortuna durante la crisis– advirtió de forma apocalíptica: “Lo importante de verdad es que no se nos dé la presencia de Podemos, porque eso desajustaría la economía”. A continuación concretó los pormenores de su propuesta: “Hace falta que los dos grandes partidos estén para aprobar los acuerdos fundamentales que hay que hacer”. En aquellas mismas fechas, un manifiesto de expolíticos e intelectuales vinculados al PSOE, PP y Ciudadanos pedía evitar las terceras elecciones y urgía a formar “un Ejecutivo que cuente con el respaldo parlamentario suficiente para impulsar la estabilidad económica en el marco de nuestros compromisos europeos; para adoptar medidas sociales correctoras de las crecientes desigualdades; y para emprender una reforma constitucional que aborde, entre otras cuestiones, la mejora de la articulación territorial”.
En septiembre, tras la fallida investidura de Mariano Rajoy, se sucedieron semanas muy tensas. El PP chantajeó al PSOE con elecciones en Navidad, y el golpe palaciego que comenzó con los quejidos de Felipe González y acabó con Pedro Sánchez muerto antes de intentar formar una mayoría alternativa provocó un efecto dominó de consecuencias aún desconocidas. La formación de una gestora en el PSOE impuso, por imperativo, la abstención del Grupo Parlamentario Socialista en la investidura de Rajoy. Poco después, la Gestora comunicaba las sanciones contra los diputados que votaron no al candidato popular.
El 26 de octubre, durante la primera sesión de investidura, Rajoy prometió estar dispuesto a afrontar los retos de la nueva legislatura: “Si hemos de aceptar sacrificios, lo haremos con orgullo por el bien de España”. Eran las palabras del nuevo presidente del Gobierno, arropado por Ciudadanos y bendecido, en segunda ronda, por la abstención de un PSOE desgarrado. Sin embargo, ese ‘por el bien de España’ echó a temblar solo un día después de la reelección. Pedro Sánchez, en la entrevista que concedió a Jordi Évole en Salvados, confirmó las presiones económicas y mediáticas que había recibido para no formar un gobierno de cambio, y señaló directamente al diario El País, a Telefónica y su expresidente, César Alierta, entre los impulsores del movimiento contra Sánchez y su pretensión --nunca explicitada-- de formar una coalición de izquierdas.
El dardo del exsecretario general del PSOE apunta a las empresas del Ibex35, cuya capitalización alcanza el 50% del PIB –más de 500.000 millones de euros–, y que están dirigidas por 417 consejeros, 67 personas más de las que se sientan en el Congreso de los Diputados.
Estas personas controlan e influyen en empresas que operan en todos los sectores: banca, telecomunicaciones, educación, salud, alimentación, transporte. Un Estado paralelo y privado, o semiprivado, con un apellido propio: sociedad anónima. Entre ellos, destaca una minoría selecta que se sienta en varios consejos y, entre estos, algunos pueden presumir, además, de mantener privilegiadas relaciones con el Estado.
Se trata de un mundo eminentemente machista, que no conoce el significado de la expresión igualdad (tampoco de género). La presencia de mujeres es casi testimonial: en 2016 hay solo 74 mujeres entre 417 consejeros, 16 menos que en 2015; las ejecutivas han visto reducida su participación desde un 19,6% a un 17,7%.
Estos hombres y mujeres serán la sombra del próximo Gobierno, o mejor el próximo gobierno del Ibex en la sombra: adalides de empresas que cada vez empiezan a pesar más que el Estado. En el camino están los 5.000 millones de recortes que el Gobierno de Rajoy viene anunciando desde hace tiempo y que irán a parar a mejor lugar, como los 2.000 millones de la Obra Social de las cajas, que se transfirieron a los bancos que las adquirieron y a sus accionistas.
Los gobernantes conocen el principio de conservación según el cual “la materia ni se crea ni se destruye, se transforma”, mejorado de la mano de Joan Mach –precursor histórico del gobierno en la sombra–, que añadió: “El dinero no se destruye, sólo cambia de manos”.
Con ustedes, la élite del Ibex35 y, siguiendo el murmullo popular, los ministros de facto del país.
Primer ministro. Javier Echenique Landiribar.- Nacido en Pamplona, este antiguo directivo del BBVA y presidente del Banco Guipuzcoano es actualmente el gran vertebrador de empresas en el Ibex35, asentado en las poltronas de hasta cuatro de sus sociedades: Sabadell, ACS, Repsol y Telefónica; estas dos últimas, con pasado de titularidad pública. De él dicen que le encanta el deporte, pues practica el esquí, el montañismo y el golf, además de ser corredor aficionado habitual. Su característica principal es la discreción. Sus únicas declaraciones datan de 2013, en las cuales decía que “el guirigay político que tenemos es un desastre”, y recordaba a futuros navegantes que “no hay solución fuera de Europa y del euro, pero tiene que ser en una Europa ágil y competitiva”. Echenique es, de facto, el sustituto del antiguo patriarca del Ibex, Isidro Fainé, quien ha tenido que ceder ante las directivas de la ley de Cajas y retirarse de La Caixa y de varios consejos, aunque ha acabado en otro Ibex35: Gas Natural.
Portavoz y ministro de infraestructuras: Juan Miguel Villar Mir.- Doctor y académico con una extensa trayectoria empresarial, el octogenario millonario se apartó de la presidencia de OHL en agosto, como ejemplo de que la vieja guardia sí se retira, pero sólo un poco, al estilo de Felipe González. Ha abandonado la presidencia en favor de su hijo Miguel Villar-Mir, pero se mantiene en los consejos del Santander y Abertis. Mantiene sus posiciones como empresario, pero no puede ocultar su cercanía al poder político, que mantiene desde su presencia en el primer Gobierno preconstitucional del rey Juan Carlos, como ministro de Hacienda y vicepresidente, así como alto cargo del Ministerio de Obras Públicas. Sus escarceos con la política incluyen su presencia en los papeles de Bárcenas, con aportaciones atribuidas a la caja negra del PP entre 2002 y 2009. Durante ese periodo, un tercio de la facturación de su constructora, OHL, provino de adjudicaciones de Comunidades gobernadas por el PP. La crisis no ha hecho mella en su patrimonio, y puede presumir de haber triplicado su fortuna durante la crisis.
Ministro de Industria y Trabajo: Pablo Isla.- Presidente de Inditex y (anterior directirvo) de Telefónica. Presume de ser hombre discreto, como el patrón al que gestiona sus negocios. Sucesor de Amancio Ortega, pocos saben que sus primeros pinitos en el mundo empresarial se dieron con la privatización de Telefónica. Abogado del Estado a los 24 años, con 32 fue nombrado por Rodrigo Rato director general de Patrimonio, lo que significaba ser el máximo responsable de Tabacalera y Telefónica en el Estado durante sus privatizaciones. En 2000, pasó a ser presidente de Tabacalera privatizada, renombrada como Altadis, y se mantuvo hasta 2005, cuando fue fichado por Amancio Ortega y ascendió a CEO y vicepresidente. Desde 2002 es consejero de Telefónica. Fue el empresario mejor pagado del Ibex35 en 2015, con 12,17 millones de euros, además de controlar la caja más saneada del grupo de empresas –5.300 millones a cierre del año fiscal de 2015–. Ese año, la revista Harvard Business Review clasificó a Isla como número tres en la lista de los mejores ejecutivos del mundo. A pesar de ser nombrado por Rato, el ejecutivo prefiere marcar las distancias con aquella época. Su responsabilidad no es menor en dos de las mayores empresas españolas en términos de trabajadores: en Telefónica, 130.000 empleados; en Inditex, 100.000 empleos entre directos e indirectos. Tras las revelaciones sobre las condiciones laborales de sus suministradores asiáticos, tras hechos como el incendio del edificio de Savar en 2013 en el que murieron 1.117 personas, en mayo de 2016 Pablo Isla firmó un contrato con el sindicato con sede en Ginebra Industrial Global, para “promover los derechos de los trabajadores, la libertad de sindicación y la negociación colectiva en sus fábricas proveedoras”.
Ministra de Competitividad: Baronesa Kingsmill.- Compañera de Pablo Isla, es consejera de Inditex y de IAG, parlamentaria en la Cámara de los Comunes y miembro vitalicio de la Cámara de los Lores. Lady Kingdmill forma parte del Partido Laborista y fue presidenta de la Comisión de Monopolios y Fusiones de la Cámara de los Lores hasta 2003. Ha vivido desde dentro y desde el Estado el mayor proceso de fusión entre dos aerolíneas: Iberia y British Airways –que controlaban América del norte y del sur–, y que dió como resultado la absorción de la aerolínea española, que acabaría convertida en filial de la británica. Todo ello tras haberse construido la terminal T4 de Madrid (6.200 millones de euros), que se puso en marcha con miras al aumento de rutas y vuelos de Iberia. Después de la reestructuración –desde 2004, Iberia no contrata pilotos– y de varios ERE que afectaron a 5.000 personas, la compañía planea un ERE voluntario para 1.000 empleados más este año. Una política de recortes que Willie Walsh (actual CEO de IAG) ha catalogado como “un poco cruel pero necesaria”. La plantilla y la renovación de la flota quedan subordinadas ahora a sus cuentas de resultados. Sin embargo, hoy en día no queda ningún accionista español en el grupo después de la salida de Bankia y El Corte Inglés. De ahí que Walsh no tenga razones para sentir especial inclinación por el territorio patrio y la vieja línea aérea de bandera: “El holding no tiene reservado ningún derecho especial de pertenencia al accionariado por el hecho de ser español o británico”, dijo en una entrevista a El Mundo.
Ministra de Poder Popular: Isabel Tocino.- Doctora en Derecho. Se sienta en los consejos de administración del Banco Santander y de Enagás, antes pública. Dos empresas del Ibex35 con sede en España, pero cuyo capital es mayoritariamente extranjero: en el caso de Enagás, su principal accionista es Bank of America; en el del Banco Santander es Chase Nominees, subsidiaria de JP Morgan. Fue mano derecha de Manuel Fraga, ostentó una de las seis vicepresidencias del recién bautizado Partido Popular de 1989, y consiguió escaño en el Congreso ese mismo año. Formó también parte de la ejecutiva nacional del PP en 1993 y sólo tres años después, en el primer Gobierno de Aznar, fue investida ministra de Medio Ambiente. Su estancia en la cartera coincide con los años en los que su Ministerio presuntamente arregló concursos para empresas implicadas en la trama Gürtel, según afirmó Francisco Correa en sede judicial. También fue consejera de la empresa Diagonal Gest, que se llevó el contrato para tramitar la venta del parque de vivienda social de la Comunidad de Madrid en 2012. 9.100 pisos, de los que solo se comercializaron 234 inmuebles. La empresa de Tocino cobró casi 390.000 euros en esta operación.
Ministra de Privatizaciones: Eva Castillo.- Al igual que Isabel Tocino, es una de las pocas mujeres que se sientan en los consejos de administración del Ibex35. Su trayectoria en banca de inversión abarca desde Merrill Lynch, a la que llegó en 1997 tras pasar cinco años en Goldman Sachs y otros cinco años en Beta Capital, cuando esta firma de valores estaba presidida por César Alierta, expresidente de Telefónica. En 2008 volvió con Alierta a Telefónica, donde se convirtió en la primera mujer en sentarse el Consejo de Administración de esa empresa. Fue presidenta de Telefónica Europa hasta 2014 y, en el momento del cese, recibió una indemnización de 2,4 millones de euros. Entró en Bankia en 2012, tras la intervención del banco y la defenestración del Consejo presidido por Rodrigo Rato. Según el Informe Anual de Gobierno Corporativo de 2015 de Bankia, su presencia tanto en el Consejo de Administración de la banca como en el de Telefónica no supondrá perjuicio en los acuerdos de financiación y de prestación de servicios entre ambas compañías. Telefónica tiene una de las deudas más abultadas de Europa –49.921 millones de euros–. Eva Castillo tendrá que afrontar la previsible fusión de Bankia con BMN y su privatización, fomentadas desde el Ministerio de Economía. Serán útiles sus relaciones con la banca de inversión, accionistas de referencia en BBVA y Santander, además de accionistas en Telefónica. Otro frente será el de los despidos, anunciados en el sector, y que en Bankia se han cobrado 5.000 trabajadores hasta la fecha.
Ministro de Información, Política Social y Universidades: Rodrigo Echenique Gordillo..- Abogado del Estado y consejero en Inditex y Santander, fue secretario general de Correos y Telecomunicaciones en 1976. Ese mismo año, con Manuel Fraga como Ministro del Interior el cual autorizó la publicación de El País. En 1984 pasa al Banco Santander y en 1988 es nombrado consejero delegado de la entidad. En 2001 fue nombrado presidente de Vallehermoso, la inmobiliaria del banco que posteriormente fue vendida a Sacyr. Entre 2014 y 2015 fue presidente del grupo de comunicación Vocento, que edita ABC y El Correo, entre otros. Es consejero de Universia holding S.L, sociedad del Banco Santander que presume de ser “la mayor red de cooperación universitaria centrada en Iberoamérica, que promueve el cambio y la innovación a través de una plataforma de productos y servicios para la comunidad universitaria y las empresas”. Junto con Telefónica fundó en 2013 Miríada X, una “plataforma de formación online que aspira a liderar este campo en el ámbito del castellano”.
Dentro de Universia está la Fundación Universia, dedicada a la cooperación universitaria y que desde 2012 está autorizada como “agencia de colocación”, para “gestionar ofertas de trabajo y solicitudes de empleo de todo el territorio español". Además, ofrece a las entidades públicas o privadas autorizadas la posibilidad de desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, tales como orientación e información profesional, y con la selección de personal. La fundación, entre otros proyectos, ha destinado, desde 2007, 1,2 millones de euros en becas para estudiantes discapacitados. Cuentan también con la Liga Santander, y con la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que ofrece libre acceso a más de 550 portales web y 200.000 registros bibliográficos. Quizá para compensar esta labor social, que deviene en importantes descuentos fiscales, Santander abrió 559 sociedades pantalla en Bahamas entre 1990 y 2015, según informó El Confidencial. El abogado del Estado, que empezó como asesor jurídico, ha vivido momentos difíciles de la familia Botín, desde la imputación de Emilio Botín por 38 delitos fiscales y falsedad documental a finales de los años ochenta –resuelta por la aplicación de la famosa doctrina del Supremo–, hasta la emisión de los Valores Santander (las preferentes del Grupo) y la falta de garantías reales de algunos de sus productos, como la cuenta 123.
Nota sobre el mapa interactivo:
La visualización muestra las conexiones que generan en las empresas del Ibex35 las personas con representación en dos o más consejos de administración:
-En verde, aquellas personas con carrera política –pasada o presente–.
-En amarillo, el resto de personas con presencia en dos o más consejos de administración. -Fuente: CNMV y páginas web de las empresas.
Autor
Rubén Juste de Ancos.- Doctor en Sociología. Amante del periodismo de Marx e Ida Tarbell. Esta decía que "no hay medicina más efectiva para llegar a los sentimientos de un público fervoroso que las figuras".
José Luis Marín (infografía)
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2016.07.29 10:32 EDUARDOMOLINA Echenique no estaba obligado a pagar la Seguridad Social de su asistente, según Rafael Gómez Gordillo, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Pablo de Olavide.

http://ctxt.es/es/20160727/Politica/7512/Echenique-asistente-pago-Seguridad-Social-infraccion.htm
"Si usted ya ha decidido prescindir de la legislación aplicable para imputar la comisión de una falta administrativa al secretario de Organización de Podemos no le recomiendo que continúe leyendo este artículo, no es mi deseo estropearle el “escándalo” de la semana. Vaya por delante que en materia de líderes políticos considero hipócrita toda suerte de superior exigencia de respeto de las normas. En un Estado de Derecho el cumplimiento del ordenamiento jurídico debe ser objeto de exigencia a toda la ciudadanía, sin que quepa la invocación de privilegio alguno.
En nuestro país la batalla debería centrarse en lograr que las personas que nos representan cumplan con sus obligaciones sin matices, es por ello que debe rechazarse el establecimiento de una gradación de normas a incumplir por los distintos colectivos que integran la ciudadanía. Tampoco alcanzo a comprender el marco temporal durante el que resulta exigible ese plus de rigor, que en ocasiones se extiende a momentos previos al inicio de la vida pública del personaje. A pesar de ello, reconozco que existe un cierto nivel de consenso en reclamar a estas personas una rectitud de conducta que no exigimos a los miembros de nuestra familia, a nuestros amigos y tampoco a nosotros mismos.
En esta ocasión, he renunciado a analizar la situación de abandono en la que se encuentra el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en la actualidad, tras la operación de derribo a la que ha sido sometido por las políticas de austeridad, porque esta cuestión merece una reflexión más profunda y porque mi intención no es justificar el incumplimiento de una norma por razones de imperiosa necesidad. Me limitaré a analizar los datos ofrecidos por el Sr. Echenique para evaluar jurídicamente su conducta, sin perjuicio de lo cual si en un futuro apareciesen nuevos hechos o alguno de los tomados como ciertos perdiesen dicha condición, obviamente me reservo la facultad de cambiar de opinión.
Pues bien, desde hace unos días y de forma más o menos velada, se acusa al Sr. Echenique de haber cometido varias infracciones tipificadas en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. De un lado, según cabría desprender de lo publicado en algunos medios, habría eludido la obligación de formalizar por escrito un contrato de trabajo, infracción que el art. 7.1 LISOS considera grave. De otro lado, habría incumplido la obligación de ingresar las cuotas correspondientes y la obligación de solicitar el alta de la persona que prestaba servicios, infracciones tipificadas como graves en los apartados 2 y 3 del art. 22 LISOS. De esta forma, el Sr. Echenique podría haber cometido al menos dos infracciones graves, que obligarían a la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social a iniciar un procedimiento sancionador.
Dicho procedimiento, si se acreditaran todos los elementos del tipo administrativo, podría finalizar con la imposición de sendas sanciones de 626 a 6.250 euros la primera, y la segunda con multa del 50 al 100% del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 40 LISOS. Así planteada la cuestión parece simple, pero como veremos inmediatamente el caso no está exento de complejidad porque las obligaciones a las que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, únicamente nacen si la persona contratada como asistente prestó una relación de servicio por cuenta ajena, a la que por tanto le sería aplicable la normativa laboral. Con los datos conocidos resulta bastante dudoso que el Sr. Echenique tuviese obligación de contratar laboralmente a esta persona y mucho menos de cotizar por la prestación de servicios que como asistente realizaba para éste.
Resulta bastante dudoso que el Sr. Echenique tuviese obligación de contratar laboralmente a esta persona y mucho menos de cotizar por la prestación de servicios que como asistente realizaba para éste
En primer lugar, el art. 8.2 ET establece la obligación de formalizar por escrito los contratos de trabajo por cuenta ajena cuando tengan duración determinada o sean a tiempo parcial. Si inicialmente el servicio de asistencia fue contratado con una empresa y con posterioridad el trabajador fue contratado directamente, sin cambiar la forma en la que se desarrollaban las tareas objeto de contratación, puede entenderse que no se modificó la naturaleza de la relación y, por tanto, si la relación no fue laboral en su inicio, tampoco existen indicios que permitan calificarla como laboral con posterioridad. Indicio de autonomía serían también la discontinuidad de la prestación de servicios, la escasa duración de la jornada y el que el asistente ofreciera sus servicios a otros clientes.
De esta forma, la relación entre el Sr. Echenique y la persona que lo asistía nunca estuvo bajo el ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y, por ello, no se incurrió en las infracciones establecidas en la LISOS. Si, como parece, estamos ante una relación de trabajo autónomo, debe aplicarse la normativa específica contenida en el Estatuto del Trabajo Autónomo, cuyo art. 7 permite realizar los contratos de forma escrita o de palabra; esto es, ninguna norma obliga al Sr. Echenique y a su asistente a realizar contrato alguno por escrito. Con relación a las infracciones en materia de Seguridad Social, si la relación jurídica debe calificarse como un Arrendamiento de Servicios, el marco normativo aplicable es el que regula el Régimen Especial de Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que, como es sobradamente conocido, impone la obligación de cotizar a la persona que lo realiza, nunca al cliente.
A pesar de lo dicho, podría también defenderse que este tipo de labores de cuidados se encuentran sin excepción incluidas en el art. 2.1.b) ET, y por tanto se trataría de una relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, desarrollada por el RD 1620/2011. Es cierto que el 1.4 de dicha norma considera incluidas en esta relación especial, entre otras, las que tengan por objeto el “cuidado y atención” de los miembros de la familia, si bien desde mi punto de vista una interpretación amplia de estos términos podría resultar contraria al objeto de la norma.
A modo de ejemplo, dudo que la norma pretendiese considerar parte del servicio del hogar familiar a quienes vienen a casa a cuidar unas horas a nuestros hijos, los llamados “canguros”, a quienes nos brindan un masaje a domicilio, a quienes periódicamente vienen a nuestra casa a cuidar de nuestras caras o de nuestros pies, o a quienes realizan servicios de jardinería o de limpieza y mantenimiento de nuestra piscina. Todas estas personas realizan tareas de cuidado de algún miembro de la familia o de alguna de las partes del hogar, pero cuando como profesionales prestan servicios de forma ocasional y sin sometimiento a la subordinación o dependencia propia de la relación de trabajo, no creo que el legislador pretendiese obligar a quienes recibimos esos servicios a contratarlos laboralmente y a darlos de alta en la Seguridad Social.
En todo caso, si a pesar de lo dicho se concluye que la persona realizaba tareas que obligan al alta en el Sistema Especial de Empleados del Hogar, conviene tener presente que desde el 1 de abril de 2013, y en aplicación de lo dispuesto en el RD-ley 29/2012, de 28 de diciembre, las personas que prestan servicio en el hogar durante jornadas inferiores a sesenta horas mensuales para un mismo titular deberán asumir las obligaciones con la Seguridad Social, si así lo acuerdan con el empleador o la empleadora. De haber sido así, debe entenderse que tampoco en este supuesto el Sr. Echenique habría incumplido sus obligaciones con la Seguridad Social.
Para concluir, con los datos que hasta la fecha conocemos, resulta más que arriesgado afirmar que se han producido incumplimientos legales en materia laboral o de Seguridad Social, y que, de haberse producido, se generaron lesiones de los derechos e intereses tanto de la persona que realizó la labor de asistente como del sistema de la Seguridad Social. Coincido con el Sr. Echenique en que es preciso revisar la regulación laboral y de Seguridad Social aplicable a las personas que realizan este tipo de servicios, muy necesarios en nuestra sociedad.
Por la vía de la contratación laboral a tiempo parcial, a pesar de las mejoras impuestas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sigue resultando muy complicado para personas que trabajan pocas horas a la semana acceder a las pensiones del sistema (jubilación, incapacidad permanente), tanto que en muchos casos estas personas y sus empleadores aportan cotizaciones a un sistema del que jamás podrán beneficiarse. Por la vía del trabajo autónomo, las limitadas posibilidades económicas de la mayoría de las familias que necesitan este tipo de servicios impiden a estos profesionales obtener ingresos suficientes para mantenerse al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. De una u otra forma es preciso reconocer que tenemos un problema, la relevancia pública de este caso debería ayudarnos a proponer soluciones viables."
Rafael Gómez Gordillo es profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Pablo de Olavide.
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2016.07.24 09:44 EDUARDOMOLINA Coca Cola, no todas las bebidas refrescan….Juan Carlos Asenjo es un sindicalista de CC.OO. por ser una de las caras más visibles para el neoliberalismo que reina en la legislación laboral. Casi nadie desconoce éste asunto sino por la falta de respeto de los derechos de sus empleados,

http://alcantarillasocial.com/no-todas-las-bebidas-refrescan/
Juan Carlos Asenjo es un sindicalista de Comisiones Obreras, pero no uno cualquiera, sino una de las caras más visibles y más incómodas para el neoliberalismo y capitalismo que reina a sus anchas por la legislación laboral española, y aún más, desde que gobierna el PP. Nadie o casi nadie desconoce el asunto de Coca Cola y su ERE de hace unos años; un asunto que por la flagrante falta de respeto para con los derechos laborales de sus empleados, tantos éstos como principalmente por sus representantes de comités de empresa y otros sindicalistas, ha llevado a la acción civil y social de muchísimas personas afectadas. Trabajadores, familiares y amigos de los afectados, así como infinidad de personas anónimas sensibles con los derechos laborales, iniciaron ya hace tiempo acciones legales así como infinidad de protestas y otras acciones sociales para dar visibilidad a lo que probablemente con muchísima razón, los afectados y sensibilizados con el tema consideran una gran injusticia.
Se trata de la aplicación de un ERE de dudosa moralidad, ética e incluso legalidad (según los afectados) que ha llevado a las partes a un litigio que dura ya unos años y aún está por ver cómo acabará todo. Aun así, parece (para no variar) que de una forma u otra la empresa, como siempre, se saldrá con la suya, aun y siendo una empresa cuyos productos son de consumo mundial e ininterrumpido por casi la sociedad en general. Pero ¿quién soy yo para hablar de todo esto teniendo a una de las caras más visibles y activas sobre todo este asunto? Sin más que añadir, os dejo con la entrevista que Juan Carlos Asenjo ha tenido a bien concederme:
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– Juan Carlos, ¿cuándo comenzaste a trabajar para Coca Cola?
Comencé en el año 1987.
– ¿Cuántos trabajadores tenía la planta antes de iniciarse esta incómoda situación?
La empresa de Coca Cola en Madrid tenía a la fecha del ERE 1.007 trabajadores, y en concreto la fabrica más afectada, la de Fuenlabrada, 589, todos puestos directos, a ello habría que sumar los puestos indirectos.
– ¿Cómo fueron todos esos años previos al conflicto? Me refiero a qué relación mantenía la empresa para con sus empleados.
Como en cualquier empresa grande, unas veces bien y otras mal. Mal, sobre todo cuando se negociaban los convenios y por ello las mejoras de los trabajadores, era cuando la patronal tensaba, manipulaba e intentaba poner a la plantilla en contra del Comité.
– ¿Cuándo y por qué se inicia la situación problemática en la que hoy os encontráis los trabajadores de Coca Cola?
Tiene un origen y un desencadenante: el origen sobre el 2006 con un proyecto de reorganización que marca Atlanta, la multinacional Coca Cola, de fusión y agrupación de empresas por continentes, aún en trámite dichas fusiones.
El desencadenante, la materialización y la forma de llevar a cabo por parte de los accionistas con sus guerras de poder en 2012, la integración en España. Una guerra que dura casi dos años, y que tras su conclusión en enero de 2014, lo están pagando los trabajadores con el ERE.
– Coca Cola es una empresa solvente, con gran demanda de sus diferentes productos, ¿cómo justifica la empresa el ERE? Quiero decir, ¿en qué argumenta la empresa la necesidad de iniciar el expediente de reducción de empleo?
En una pantomima que hoy ya han publicado lo contrario, un sistema Logístico Circular en lugar de Radial con un ahorro de 35 millones de € al año. La realidad, terminar con el convenio más caro del país para la patronal, el de la empresa Casbega, la de Madrid.
– Osea, entiendo que la finalidad auténtica del ERE no es otra que la de finiquitar el convenio colectivo que hasta ese momento regulaba vuestra relación con la empresa, ya que de esa forma Casbega se ahorraría un pasta en personal ¿verdad?
Si, la finalidad era eliminar a los empleados de Casbega o la mayoría por ser el mejor convenio y por tanto los más caros del país, tambien los más combativos sindicalmente; es evidente que el convenio no lo reagala el empresario, hay que pelearlo.
Había un segundo objetivo: la fusión supuso tener que pagar muchos millones unos accionistas a otros, en concreto Sol Daurella a los accionistas de Casbega, es por ello que despiden a los de Fuenlabrada y cierran Fuenlabrada porque les pagan con su empresa, con el dinero que vale su fabrica y despidiendo a sus trabajadores, así no tenían que ejecutar los recortes del ERE con sus plantillas y sus industrias, y con un claro contenido político, pues no olvidemos que Daurella es catalana y en principio separatista, casada con Vilarrubi, Vicepresidente del F.C Barcelona.
– Parece que estos últimos años y a merced de las políticas públicas y laborales de nuestro gobierno, estemos como volviendo al siglo XIX, cuando entonces la patronal tenía todo el poder incluso para esclavizar al trabajador, pues no éramos más que un medio de producción ¿crees que la raíz para que una empresa en España pueda actuar de tal forma, se debe a la legislación con la que nos regulan estos gobiernos neoliberales y capitalistas?
Es evidente que si, no hay más que comprobar lo que ha ocurrido con nuestro ERE. Lo gestiona Sagardoy abogados, el mismo que colaboró con la reforma laboral del PP, y una consultora que participaba Montoro en sus inicios, sí, el Ministro. Eso significa que las grandes multinacionales ya habían solicitado con anterioridad esas herramientas a quien lo crearon para después pagarles con la gestión de los ERES.
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– De lo que conozco del asunto, tengo entendido que la empresa ofreció a los trabajadores una aplicación del ERE menos traumática de lo que a voz de pronto pueden parecer ¿se ejerció en los términos prometidos por la empresa?
No, de hecho a los voluntarios que fueron engañados, muchos de las fabricas cerradas aún le adeudan o no se les ha abonado lo que se les dijo, además muchos de ellos reclamaron y pusieron reclamaciones judiciales, por eso decimos que fueron engañados.
– Entiendo que de ahí nacen las diferentes acciones reivindicativas y judiciales, ¿quién, quiénes o qué persona jurídica en representación de los afectados inicia esas acciones?
En nuestro caso, el de Fuenlabrada, es el Comité de empresa, todos de CCOO. Los demás sindicatos firmaron la voluntariedad del despido, prejubilación o traslado, apoyado en todo momento por el sindicato de CCOO y sobre todo en Madrid.
– ¿Qué condiciones ofreció el ERE para que hayan habido personas que hayan aceptado el despido voluntario?
Pues multinacional saneada y con dinero para despedir pensó que todo estaba hecho, por eso no les importó pagar a los que aceptaran el despido, 45 días y 10.000€ de premio, por eso de ser buenos chicos. De esa forma pensaron que colaría, ya que daban más de lo que marca la legalidad garantizándose que no hubiera conflicto, pero se olvidaron de nosotros. Fuenlabrada y su convenio no se consiguió de la nada, sino de la batalla y la afiliación, je je je.
– ¿Se ha obtenido alguna consecuencia beneficiosa para vosotros de todas esas acciones reivindicativas?
Es evidente que sí, fuimos despedidos con despido forzoso para tumbar una huelga indefinida de más de dos meses como protesta, vulnerando dicha huelga la patronal, y ahora estamos de nuevo en la empresa por la sentencia de nulidad, y en nuestro centro de trabajo sin traslados geográficos y con nuestras familias.
– ¿Quiénes representan a la empresa en este asunto?
Los asesores son Sagardoy y Roman Merino Frias, aunque durante el ERE hubo otros, como el exministro Pimentel.
– ¿Habéis notado que actúen con interés más allá de los de la empresa?
Sí, es evidente que un conflicto con empresas solventes procura unos réditos económicos importantes con el tiempo. Más bien parece que en lugar de conciliar se produce lo contrario; a alguien le debe interesar dilatar conflictos cuando hay dinero.
– Nunca he entendido por qué una empresa que funciona correctamente, que tiene un volumen de trabajo excelente como para mantener a su plantilla e incluso dar aún más trabajo, se empeña tanto en malgastar recursos para reducir gastos en producción a cambio de reventar a familias cuyos miembros se quedarán sin trabajo. Además del mal ambiente laboral que se crea, mermándose en consecuencia la producción, o al menos la calidad con la que esas personas ofrecerán sus servicios ¿no lo ves tú así Juan Carlos?
Esto se entiende con lo comentado antes de pago a accionistas, pago platico y erradicar convenio, cuando está el dinero en los recortes patronales, las familias y las personas no existimos, siempre somos números, pero ante un ERE ni eso somos, somos despojos sin número que se desecha en la basura.
– ¿Crees que han habido consecuencias peores para ti o para otros trabajadores reivindicativamente activos?
Por supuesto, las patronales como todo en la vida siempre apuntan a la parte más dura y representativa para trasladar miedo al resto, descabezar y que el resto se someta a sus intereses.
– Vaya, parece que lo que hablábamos más arriba sobre el siglo XIX, también se aplica en el XXI pero sin apalizar (al menos físicamente) o asesinar a sindicalistas y a quienes con valentía defienden sus derechos ¿hay cierta similitud en el fondo o es cosa mía Juan Carlos?
No es cosa tuya, es una certeza, sólo hay que comprobar lo que ha hecho Coca Cola al perder el juicio en el Supremo y ver que tenia que readmitir de forma definitiva a los despedidos de Fuenlabrada tras casi dos años de batalla sindical y social en las calles y con un campamento a las puestas de la fábrica; montar una querella de 8 millones de euros para castigar al Comité de empresa y dar escarmiento al resto de trabajadores.
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– ¿Han habido trabajadores que hayan salido beneficiados de esta situación? Y si así ha sido, ¿creéis que tal vez se hayan vendido a los intereses de la empresa traicionando el interés legítimo de todo el colectivo?
No necesariamente se han vendido, pero la gente de mucha edad y con un ERE con dinero era factible que se apuntaran voluntariamente, sin embargo, los mayores que se quedaron a luchar solidariamente por ellos y por el resto, se han ido muy bien y con la cabeza muy alta, sin aceptar su despido y el cierre de su fabrica y consiguiendo una nulidad para el futuro de sus compañeros más jovenes.
– ¿En qué situación profesional os encontráis actualmente? Quiero decir, ¿qué hacéis y en qué condiciones ejercéis vuestra labor?
Penosa, prácticamente sin actividad y sin estar integrados en la organización, pasando una época por el desierto que termina pero que se hace largo y duro para los más débiles psicológicamente hablando, pero con doble lucha, la social y laboral combinada con la judicial, puesto que hemos recurrido al Tribunal Supremo el auto del 30/09/2015 de la Audiencia Nacional que permite una readmisión diferente a lo que dictaron las sentencias.
– A ver a ver, me dices que habéis recurrido al Tribunal Supremo un auto de la Audiencia Nacional que permite una readmisión distinta a lo que ya se dictó en una instancia inferior sobre vuestra situación ¿puedes explicarnos en qué falló la Audiencia Nacional a favor de la empresa como para que hayáis recurrido el auto?
La sentencia de la Audiencia Nacional es muy buena para toda la clase obrera, luego la ratifica totalmente el Tribunal Supremo, pero imagescuando el Supremo le encarga a la Audiencia que de cumplimiento a la sentencia, cuestión que se hace con un auto de fecha 30/09/2015, la sala de la Audiencia Nacional modifica ambas sentencias en lo que se llama auto de ejecución definitiva de sentencia.
Como, permitiendo que nos incorporen en otros puestos de trabajo y como almacén logístico en lugar de nuestros puestos de trabajo en la fabrica de Producción, cuando la sentencia decía readmisión en las mismas condiciones que teníamos antes del despido."
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2016.04.22 16:20 jason-molina Asociaciones de periodistas protestan por "el ataque personal" de Iglesias a un periodista. Pero callaron como cínicos que son ante los ataques, multas y sanciones que recbieron algunos periodistas en virtud de la ley Mordaza ¡¡HIPOCRITAS!!

El fotoperiodista Raúl Capin, colaborador del Diario Independiente Digital (DID) y Mundo Obrero, será juzgado por el delito de atentado a la autoridad con petición de dos años de prisión. Según el auto, los hechos se produjeron mientras realizaba su función documental en la manifestación 23 de febrero de 2013, “Mareas Ciudadanas”.
Anteriormente a la detención, los diarios El Mundo y La Razón llevaban a sus portadas, en burda manipulación mediática, imágenes del escrache de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el domicilio del presidente del Congreso, Jesús Posada, en las que aparecía Raúl, al que identificaban como manifestante y no como periodista. Igualmente un artículo del ABC con fecha, 17 de abril del 2013, firmado por Carlos Hidalgo exhibía tres fotografías pixeladas de Raúl junto a otros fotoperiodistas a quienes no había pixelado, con la afirmación: “la policía investiga a radicales de izquierda que participan en manifestaciones y protestas callejeras escudándose tras falsas credenciales de periodistas”.
http://kaosenlared.net/sinfotografosnoloves-video-raul-capin-se-intenta-cortar-todo-tipo-de-informacion-que-no-sea-aquella-que-el-estado-controla/
El periodista Axier López, multado en base a la Ley 'Mordaza'.
El periodista de Argia, Axier López, tendrá que pagar una multa de 601 euros por "publicar sin permiso" en la red imágenes de una detención, en las que se podía identificar a los policías que la practicaban. La sanción se deriva de la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley 'Mordaza'.
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/detalle/3966960/el-periodista-axier-lopez-multado-base-ley-mordaza/
DONDE ESTAN ESAS ASOCIACIONES DE PERIODISTAS QUE SE ESCANDALIZAN CON PABLO IGLESIAS Y NO DICEN NADA ABSOLUTAMENTE CONTRA ESTOS ATROPELLOS A OTROS PERIODISTAS.
UNA PRUEBA MAS QUE LA MAYORIA DE ELLOS SON UNOS SICARIOS MEDIATICOS AL SERVICIO DE LA CASTA Y UNOS TREPAS VENDIDOS.
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/13015229_1035720033154147_653432894910268052_n.jpg?oh=d3d1e356810fb42fd07e3084a55e8a08&oe=57C028BC
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2016.01.13 13:20 mjavierjm Fecha en que habrá de contabilizar la dotación de la reserva de capitalización y de nivelación del año 2015.

NUM-CONSULTA V4127-15 ORGANO SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas FECHA-SALIDA 22/12/2015 NORMATIVA LIS Ley 27/2014, art. 25 y 105 DESCRIPCION-HECHOS La entidad consultante es una confederación de empresarios. En relación con la reserva de capitalización y la reserva de nivelación reguladas en los artículos 25 y 105, respectivamente, de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se plantean determinadas cuestiones en cuanto a la fecha en que dichas reservas deben dotarse. CUESTION-PLANTEADA Para el supuesto de una sociedad cuyo ejercicio económico abarque desde 1 de enero a 31 de diciembre, que cumpla los requisitos mencionados en los artículos 25 y 105 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se plantea con qué fecha habrá de contabilizar la dotación de la reserva de capitalización y de nivelación del año 2015. CONTESTACION-COMPLETA El artículo 25 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), establece que:
“Artículo 25. Reserva de capitalización.
  1. Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen previsto en los apartados 1 o 6 del artículo 29 de esta Ley tendrán derecho a una reducción en la base imponible del 10 por ciento del importe del incremento de sus fondos propios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas contables en la entidad.
b) Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo previsto en la letra anterior.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos:
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad. b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.
En ningún caso, el derecho a la reducción prevista en este apartado podrá superar el importe del 10 por ciento de la base imponible positiva del período impositivo previa a esta reducción, a la integración a que se refiere el apartado 12 del artículo 11 de esta Ley y a la compensación de bases imponibles negativas.
No obstante, en caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades pendientes podrán ser objeto de aplicación en los períodos impositivos que finalicen en los 2 años inmediatos y sucesivos al cierre del período impositivo en que se haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que pudiera corresponder, en su caso, por aplicación de lo dispuesto en este artículo en el período impositivo correspondiente, y con el límite previsto en el párrafo anterior.
  1. El incremento de fondos propios vendrá determinado por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre del ejercicio sin incluir los resultados del mismo, y los fondos propios existentes al inicio del mismo, sin incluir los resultados del ejercicio anterior.
No obstante, a los efectos de determinar el referido incremento, no se tendrán en cuenta como fondos propios al inicio y al final del período impositivo:
a) Las aportaciones de los socios.
b) Las ampliaciones de capital o fondos propios por compensación de créditos.
c) Las ampliaciones de fondos propios por operaciones con acciones propias o de reestructuración.
d) Las reservas de carácter legal o estatutario.
e) Las reservas indisponibles que se doten por aplicación de lo dispuesto en el artículo 105 de esta Ley y en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
f) Los fondos propios que correspondan a una emisión de instrumentos financieros compuestos.
g) Los fondos propios que se correspondan con variaciones en activos por impuesto diferido derivadas de una disminución o aumento del tipo de gravamen de este Impuesto.
Estas partidas tampoco se tendrán en cuenta para determinar el mantenimiento del incremento de fondos propios en cada período impositivo en que resulte exigible.
  1. La reducción correspondiente a la reserva prevista en este artículo será incompatible en el mismo período impositivo con la reducción en base imponible en concepto de factor de agotamiento prevista en los artículos 91 y 95 de esta Ley.
  2. El incumplimiento de los requisitos previstos en este artículo dará lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas, así como de los correspondientes intereses de demora, en los términos establecidos en el artículo 125.3 de esta Ley.” Este artículo 25 de la LIS permite aplicar una reducción de la base imponible del 10% del importe del incremento de los fondos propios existente en el período impositivo, en los términos y condiciones establecidos en dicho artículo.
En este sentido, el artículo 25 de la LIS establece, entre otros requisitos, la dotación de una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible durante el plazo de 5 años desde el cierre del período impositivo al que corresponda la reducción.
Se plantea en el escrito de consulta cuál es el momento en que la referida reserva debe ser objeto de registro. En relación con el mismo, la LIS exige (i) un incremento de fondos propios, mantenido durante un plazo de 5 años, con las salvedades recogidas en el artículo 25 de la LIS, y (ii) la dotación de una reserva indisponible.
Teniendo en cuenta que solo a la finalización del período impositivo es posible conocer el incremento de fondos propios que se haya realizado en dicho período, habiéndose por tanto generado un incremento en las reservas de la entidad, el cumplimiento formal relativo a registrar en balance una reserva calificada como indisponible con absoluta separación y título separado se entenderá cumplido siempre que la dotación formal de dicha reserva de capitalización se produzca en el plazo legalmente previsto en la normativa mercantil para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio correspondiente al período impositivo en que se aplique la reducción.
En concreto, a efectos de aplicar una reducción en la base imponible del periodo impositivo 2015 (supuesto, como se ha planteado en el escrito de consulta, que el ejercicio económico de la entidad coincida con el año natural), en la medida en que a 31 de diciembre de 2015 se haya producido un incremento de los fondos propios respecto a los existentes a 1 de enero de 2015 en los términos definidos en el artículo 25 de la LIS, y se haya producido un incremento de reservas, con independencia de que no esté formalmente registrada la reserva de capitalización, podrá aplicarse la reducción prevista en dicho artículo en la base imponible del período impositivo 2015, disponiéndose del plazo previsto en la norma mercantil para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 para reclasificar la reserva correspondiente a la reserva de capitalización, con objeto de que la misma figure en el balance con absoluta separación y título apropiado, aunque dicho cumplimiento formal se realice en el balance de las cuentas anuales del ejercicio 2016 y no en el de 2015. Esta reserva será indisponible durante el plazo de 5 años desde el 31 de diciembre de 2015.
Por otra parte, el artículo 105 de la LIS establece que:
“Artículo 105. Reserva de nivelación de bases imponibles.
  1. Las entidades que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 101 de esta Ley en el período impositivo y apliquen el tipo de gravamen previsto en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 29 de esta Ley, podrán minorar su base imponible positiva hasta el 10 por ciento de su importe.
En todo caso, la minoración no podrá superar el importe de 1 millón de euros. Si el período impositivo tuviera una duración inferior a un año, el importe de la minoración no podrá superar el resultado de multiplicar 1 millón de euros por la proporción existente entre la duración del período impositivo respecto del año.
  1. Las cantidades a que se refiere el apartado anterior se adicionarán a la base imponible de los períodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos a la finalización del período impositivo en que se realice dicha minoración, siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el importe de la misma.
El importe restante se adicionará a la base imponible del período impositivo correspondiente a la fecha de conclusión del referido plazo.
  1. El contribuyente deberá dotar una reserva por el importe de la minoración a que se refiere el apartado 1 de este artículo, que será indisponible hasta el período impositivo en que se produzca la adición a la base imponible de la entidad de las cantidades a que se refiere el apartado anterior.
La reserva deberá dotarse con cargo a los resultados positivos del ejercicio en que se realice la minoración en base imponible. En caso de no poderse dotar esta reserva, la minoración estará condicionada a que la misma se dote con cargo a los primeros resultados positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa dotación.
A estos efectos, no se entenderá que se ha dispuesto de la referida reserva, en los siguientes casos:
a) Cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la entidad.
b) Cuando la reserva se elimine, total o parcialmente, como consecuencia de operaciones a las que resulte de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VII del Título VII de esta Ley.
c) Cuando la entidad deba aplicar la referida reserva en virtud de una obligación de carácter legal.
  1. La minoración prevista en este artículo se tendrá en cuenta a los efectos de determinar los pagos fraccionados a que se refiere el apartado 3 del artículo 40 de esta Ley.
  2. Las cantidades destinadas a la dotación de la reserva prevista en este artículo no podrán aplicarse, simultáneamente, al cumplimiento de la reserva de capitalización establecida en el artículo 25 de esta Ley ni de la Reserva para Inversiones en Canarias prevista en el artículo 27 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
  3. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo determinará la integración en la cuota íntegra del período impositivo en que tenga lugar el incumplimiento, la cuota íntegra correspondiente a las cantidades que han sido objeto de minoración, incrementadas en un 5 por ciento, además de los intereses de demora.”
Este artículo 105 de la LIS permite minorar la base imponible positiva hasta el 10% de su importe, en los términos establecidos en dicho artículo.
Uno de los requisitos que establece el artículo 105 de la LIS para poder minorar la base imponible, de acuerdo con su apartado 3, es que se dote una reserva por el importe de la minoración, que será indisponible hasta el período impositivo en que se produzca la adición a la base imponible de la entidad de las cantidades minoradas.
La reserva, según se establece expresamente, debe dotarse con cargo a los resultados positivos del ejercicio en que se realice la minoración en base imponible. En caso de no poderse dotar esta reserva, la minoración estará condicionada a que la misma se dote con cargo a los primeros resultados positivos de ejercicios siguientes respecto de los que resulte posible realizar esa dotación.
El artículo 273 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, establece en su apartado 1 que “la junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio de acuerdo con el balance aprobado”.
En consecuencia, será en el momento determinado por la norma mercantil para la aplicación del resultado del ejercicio cuando deberá dotarse la reserva de nivelación. En concreto, a efectos de minorar la base imponible del periodo impositivo 2015 (supuesto, como se ha planteado en el escrito de consulta, que el ejercicio económico de la entidad coincida con el año natural), cuando la junta general resuelva sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2015, deberá (de ser posible) dotarse la reserva de nivelación.
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2015.11.25 21:12 anarxy_XXX El PP regala al Obispado de Albacete un solar valorado en más de medio millón Ganemos Albacete ha decidido recurrir esta decisión tras calificarla como “una vulneración de la Constitución”. Con esta medida, la formación pretende anular la cesión de este terreno.

http://www.periodicoclm.es/articulo/albacete/pp-regala-obispado-albacete-solar-valorado-mas-medio-millon-euros/20151125151244003814.html
El Grupo municipal Ganemos Albacete ha presentado un recurso de reposición contra la publicación que realizó el Ayuntamiento de esta localidad en el Boletín Oficial de la Provincia, el pasado 19 de octubre, en la que se trataba la alteración de la calificación jurídica de un solar de 1.317 metros cuadrados que ha sido cedido de forma gratuita para la construcción de una Iglesia. El caso lo destapó Radio Albacete en el mes de marzo, cuando la comisión de Economía pretendía ceder una parcela de más de 2.000 metros cuadrados y valorada en más de 1 millón de euros al Obispado. Se daba la circunstancia de era el doble de lo que pedía inicialmente la Iglesia. Finalmente, se segregó el terreno y se les dio el que solicitaban en un principio, cuyo valor asciende a 525.211€..
Tal y como ha explicado la portavoz Victoria Delicado, el cambio de calificación jurídica se ha hecho para que el solar deje de ser bien demanial, lo que significa que no se puede ceder, ni permutar, y pase a ser bien patrimonial para, de esta forma, poder hacer la cesión gratuita a favor del Obispado para la construcción de una iglesia.
Victoria Delicado ha recordado que este anuncio publicado en el BOP se hace en aplicación del Decreto de Alcaldía de 24 de Abril de 2015, por lo que “da la sensación que el PP siempre elige el momento para hacer el regalo a sus potenciales votantes, ya que dio un primer paso el anterior equipo de gobierno, también del PP, antes de las elecciones municipales, y ahora le da un nuevo impulso antes de las elecciones generales”.
La portavoz ha indicado que esta decisión del PP viene en modo favorecida por el convenio que en mayo de 2004 el alcalde socialista Manuel Pérez Castell firmó con el obispado para la cesión de varios solares para la construcción de iglesias.
Por su parte, el viceportavoz de Ganemos Albacete, Álvaro Peñarrubia se ha referido a los argumentos que se esgrimen en el recurso en contra del procedimiento seguido, indicando que éste no se ajusta a ninguno de los requerimientos legales.
El alcalde dice que le preocupa la ratio de feligreses por parroquia
En primer lugar, Peñarrubia ha indicado que hay que acreditar la oportunidad del acuerdo de cesión, y además, debería ser la entidad interesada la que aporte la justificación documentada de su petición. Sin embargo, hasta la fecha sólo conocemos las declaraciones del alcalde en las que dijo que la cesión tiene un beneficio para los habitantes del municipio, ya que la instalación de un complejo parroquial en la zona afectada ayudaría a disminuir la masificación de otras parroquias próximas y permitirá una mejora en la calidad de sus oficios.
“Esto es una opinión del alcalde y un argumento meramente subjetivo, máxime teniendo en cuenta que los sucesivos estudios del CIS evidencian un descenso en la asistencia a las Iglesias. Pero además, –ha continuado diciendo Álvaro Peñarrubia- nos sorprende que al alcalde le preocupen más las ratios de feligreses por parroquia, que las ratios en educación, ya que durante los cuatro años en los que fue delegado de la JCCM no movió un dedo para solicitar suelo ni para promover la construcción de los tres colegios que su propio grupo municipal ahora demanda”.
Vulneración de la Constitución
En segundo lugar, Ganemos considera que se está vulnerando la Constitución Española al afirmar, por escrito en documento oficial de Alcaldía, que la cesión beneficiará a todos los habitantes, cuando el artículo 16.3 dice que “ninguna confesión tiene carácter estatal”. El ceder un solar a la Iglesia Católica porque beneficia a todos los habitantes supone dejar de reconocer la libertad de religión de las personas y al resto de confesiones.
Por otro lado, también Ganemos advierte de que no se establece en el acuerdo ningún plazo para la realización efectiva de la parroquia que supuestamente le interesa construir a la Iglesia Católica.
El viceportavoz de Ganemos ha apuntado que con independencia de que prospere o no nuestro recurso o el que nos consta que ha presentado Europa Laica, todavía restaría el trámite de la aprobación por mayoría absoluta del Pleno, donde “pediremos al resto de grupos que miren por el interés general, por la integridad del patrimonio municipal y con la perspectiva que un estado laico requiere”.
No obstante, tras precisar que este recurso no va contra nadie, sino a favor del interés general, Álvaro Peñarrubia ha adelantado que de superarse todos los trámites administrativos, el grupo municipal Ganemos Albacete estudiará si prosigue con acciones judiciales para frenar lo que considera un expolio de un patrimonio de la ciudad.
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2015.10.07 11:31 felipustero ¿POR QUÉ LA CASA REAL ESPAÑOLA NO PEDIRÁ CLEMENCIA PARA EL JOVEN QUE SERÁ CRUCIFICADO EN ARABIA SAUDITA?

POR MÁXIMO RELTI / CANARIAS SEMANAL .- En próximas fechas el joven Ali Mohammed al-Nimr, ciudadano de la Arabia Saudita, será decapitado y, posteriormente a su muerte, su cuerpo será crucificado tal y como lo determina la legislación de ese país.
 El joven Alí fue detenido en el año 2012 en el curso de una manifestación en contra de la Monarquía autocrática saudita. En el momento de su detención Mohammed contaba tan sólo con 17 años. Las manifestaciones de protesta en las que Alí participó exigían democracia para un país que vive bajo un regimen medieval , con una legislacion propia de un sistema feudal y en donde domina una arbitrariedad difícilmente imaginable. POR QUÉ ARABIA SAUDITA NO SUELE SER NOTICIA EN LA PRENSA MUNDIAL Del sistema político saudita hablan poco los periódicos españoles, y [Img #40981] 
EL JÓVEN ALI MOHAMMED AL NIMR occidentales. No se trata de un simple "olvido" o de un inexplicable "desconocimiento", por parte de los de los medios de comunicación internacionales de lo que ocurre en ene inmenso país de 2.240.000 km² y 27.600.000 habitantes. Existen poderosísimas razones para que el mutismo envuelva frecuentemente todo aquello que ponga de manifiesto la crueldad de un sistema monárquico sólo comparable con las autocracias coronadas de hace cinco siglos.
 Arabia Saudita, como se sabe, esconde en su subsuelo una incalculable riqueza petrolífera. A este hecho significativo viene a añadirse su alianza geoestratégica con los Estados Unidos en Oriente Medio. Fue precisamente esa Monarquía la que se encargó de financiar al llamado "Estado islámico", en su lucha en contra del gobierno sirio de Al Assad. Sucede, además, que las grandes compañías petrolíferas estadounidenses tienen inmensas fortunas invertidas en ese país. Con Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Catar, Arabia Saudita forma parte de una poderosa coalición de príncipes reaccionarios que sirven no sólo a los intereses militares de los Estados Unidos en la zona, sino que conjuntamente imponen en los mercados internacionales el precio del petróleo, atendiendo a las órdenes de Washington. Desde el punto de vista de los medios de comunicación internacionales, en manos de poderosas corporaciones fundamentalmente norteamericanas, puede entenderse cual es la razón por la que las noticias provenientes de Arabia Saudita son pasadas por un escrupuloso filtro censor u obviadas como "no relevantes". 
¿POR QUÉ ARABIA SAUDITA NO APARECE COMO TEMA EN LAS "TERTULIAS" MEDIÁTICAS ESPAÑOLAS?
 Pero, si eso sucede en el plano internacional, en el caso específico de España hay razones agregadas y muy particulares que pueden explicar también el mutismo hermético de la prensa acerca de de lo que acaece en la geografia de la península arábiga . Hace unos días, la oficina de atención diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores español se negó a responder en redondo a las preguntas de una conocida publicación digital madrileña sobre cuál era la posición del Ejecutivo español en relación con la próxima crucifixión del joven Ali Mohammed al-Nimr. Ni que decir tiene que el gobierno español - ni el de ahora ni los que lo precedieron - ha formulado nunca ningún tipo de reclamación en torno a la situación de los Derechos Humanos en Arabia saudí. En relación con la fastidiosa interrogante que la publicacion digital aludida le planreó a las autoridades españolas, el Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de Rajoy despachó olímpicamente el asunto con una nota harto significativa: “Como respuesta a su pregunta, este Ministerio ha expresado en numerosas ocasiones que ‘España se opone a la pena de muerte en todo lugar y circunstancia, por considerarla un castigo cruel, inhumano y degradante, sin efectos probados en la prevención del crimen, y sin posibilidad de reparación en caso de error judicial’. Así lo puede comprobar usted en nuestros comunicados oficiales, para lo que le rogamos consulte nuestra página Web”. Lo cierto es que que el gobierno de Rajoy ni la Casa Real han eludido cuidadosamente pronunciarse sobre la horrible muerte que espera a un joven saudita que osó plantarle cara a un sátrapa. ¿Por qué es actitud en un gabinete que no duda en reclamar con velocidad de rayo la aplicación de los "derechos humanos" a gobiernos que no le son politicamente simpáticos? Y a todas estas, ¿cuál fue el pronunciamiento del principal partido de la oposición? La postura del PSOE sobre el caso ha sido esencialmente la misma que la del Gobierno, pero tratando de manejar con pinzas el tema a través de los habituales recursos "ad hoc" para la ocasión. Según el responsable de movimientos sociales, García del Blanco, se trataba obviamente de una "sentencia arbitraria y sin seguridad jurídica” pero, no obstante entendían perfectamente las evasivas de la Casa Real pues - dijeron - “su el papel de es de representación y hay que ser muy cuidadoso con las medidas que adopta la institución en estos casos”. Hace tan sólo un par de semanas, gobierno y oposición, acompañados por los pronunciamientos públicos que Felipe González, Pedro Sánchez y José María Aznar al consuno, no tuvieron reparos a la hora de ocupar conjuntamente los grandes titulares de la prensa y la televisión, protestando airados por la sentencia a varios años de carcel pronunciada por un Tribunal venezolano contra Leopoldo López, por participar en una tentativa de golpe de estado en contra de un gobierno democráticamente elegido por la mayoria de los venezolanos. ¿Por qué tanta "sensibilidad humanitaria" para unos casos, y tan poca para otros? La respuesta parece obvia. 
[Img #40982]
 LAS "COMISIONES PETROLIFERAS SAUDITAS" O EL ORIGEN DE UNA FORTUNA La clave del silencio español hay que encontrarla en las históricas y "estrechas" relaciones entre ambas Monarquías. Ninguno de los grandes medios de comunicación del Estado español se han atrevido a lo largo de las tres últimas décadas de Monarquía juancarlista, a profundizar ni tan siquiera superficialmente, sobre cuál era la esencia de esas "relaciones". Se trataba de un secreto a voces, del que solo unos pocos osaban hablar. El rey Juan Carlos es hoy, según las publicaciones especializadas en este tipo de temas, una de las fortunas personales más voluminosas de toda Europa. Los cálculos más conservadores la estiman en unos 1.500 millones de euros. Sin embargo, antes de la muerte del dictador, según diferentes testimonios, su sobrevivencia económica fue posible gracias a las "generosas aportaciones" de la aristocracia madrileña, que con su contribución esperaba ver en el futuro compensado su "esfuerzo" económico. ¿Qué fue lo que le permitió al monarca heredero del franquismo amasar tan inmensa fortuna a lo largo de sus 30 años de reinado? El hoy catedrático de Economía, Roberto Centeno, era en los últimos años de la década del 70, Consejero delegado de la compañia CAMPSA. Tenía, además, el mandato expreso del gobierno de Adolfo Suárez de conseguir petróleo al precio más barato posible, debido a que por entonces la carencia española de suministros energéticos era extrema. Roberto Centeno, es un hombre de derechas y, quizá justamente por ello y por haberse movido libremente en los entresijos de las clases dominantes, su testimonio sobre el tema - que no es ni mucho menos el único - tiene un doble valor. Según el catedrático Centeno, el rey Juan Carlos, su amante Corinna así como su testaferro, el hoy fallecido Manuel Prado y Colón de Carvajal, cobraban unas suculentas "comisiones" del petróleo que proveniente de Arabia Saudita se importaba a España. Centeno ha hecho cálculos acerca del monto de lo que se llevaba el rey Juan Carlos en "sus comisiones petrolíferas". El entonces consejero de CAMPSA se encontraba en inmejorables condiciones de poder hacerlo, gracias a la alta la responsabilidad que ocupaba en esa Compañía. Entre otras conclusiones, los computos realizados por Roberto Centeno le llevaron a estimar que España pagaba el petróleo mucho más caro como efecto directo de la "intermediación" del ex monarca. Él lo cuenta de esta forma: “La cifra no la recuerdo exactamente, pero había un sobrecoste. Es decir, entre comprarlo directamente, que estábamos hablando de treinta y tantos dólares de aquellos años (si le ponemos la inflación ahora no sé cuánto saldría, desde luego el doble o el triple)… Pero, en fin, había comisiones que podían oscilar entre 1 y 2 dólares por barril y eso es una barbaridad por la cantidad de barriles de petróleo que caben en un superpetrolero. Un petrolero de 200.000 toneladas lleva entre 1.400.000 ó 1.600.000 barriles. Entonces estamos hablando de que un petrolero le puede producir en aquel momento un beneficio de 2 millones de dólares del año 1979. Eso son palabras mayores”. En la actualidad no disponemos de datos que no permitan afirmar si el ex monarca Juan Carlos continúa o no percibiendo aquellas suculentas "comisiones petroliferas". Pero lo que es cierto y facilmente constatable a través de las noticias de prensa, es que el ex rey de España continúa visitando con asidua frecuencia al autócrata de turno en la Arabia Saudita. ¿Puede explicarse ahora el lector las razones por las que ni la Casa Real ni el Gobierno español están en condiciones de reclamar "clemencia" para el joven que será próximamente crucificado por reivindicar democracia para su país? 
http://canarias-semanal.org/not/16979/-por-que-la-casa-real-espanola-no-pedira-clemencia-para-el-joven-que-sera-crucificado-en-arabia-saudita-/
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2015.04.14 19:10 JoanPere Respuesta al artículo “...Podemos ya tiene un plan para instaurar la renta básica universal: costará 257.000 millones...”

Independientemente de la respuesta que formalmente hemos dado desde círculo Podemos Renta Básica, al siguiente artículo periodístico http://www.elconfidencialdigital.com/…/Podemos-instaurar-un…# quisiera hacer unas aclaraciones adicionales a título exclusivamente personal, a la información presentada por el ECD (El Confidencia Digital), dado que la información, parte de un error de bulto y, presentada así es, cuando menos incierta y da pie a la confusión y desinformación a los posibles lectores de la misma, dado que, -entre otras- tergiversa algunas de las referencias y citas que se hacen al documento. Por ello, se hace necesario con propósito de enmienda y rectificación, hacer las siguientes aclaraciones:
1º.- Es un error, -y en consecuencia falso- afirmar que la RBCI costará 257.000 millones de euros. En realidad, hay una “trampa contable” en plantear el coste de la medida de ese modo, como “tanta población multiplicado por tanto ingreso igual a tantos miles de millones de coste”, dado que ese tipo de contabilidad, refleja en cantidades brutas lo que actualmente ya se está pagando como ingreso por parte del Estado en forma de diversos tipos de prestaciones, subsidios, ayudas sociales (más de 33 tipos) y, dado que estas prestaciones se asimilan a la RBCI, por lo tanto, se eliminan por su inferior cuantía y se produce un ahorro contable, dado que de otro modo estarías duplicando el coste o contabilizando que además de renta básica entregas subsidios de todo tipo, pensiones no contributivas, etc, y, en realidad, no es así. Por lo tanto –repito y enfatizo- podemos afirmar que una parte de la renta básica ya se está pagando actualmente por parte del Estado, aunque en forma de multitud de subsidios condicionados y ayudas sociales de todo tipo, que encarecen el gasto para el Estado en gestión y administración de las mismas, constituyendo en la práctica, gastos superfluos e innecesarios y que contribuyen al despilfarro de los recursos públicos que es contrario a los intereses de la mayoría de las personas y es contrario a la optimización de estos mismos recursos que proponemos con el modelo RBCI. En consecuencia, lo que cuesta en realidad la RBCI, -el coste real-, es el coste neto de la misma, que no es otra cosa que el coste adicional de la medida en relación con las prestaciones en forma de ingresos que actualmente ya presta y paga el Estado y, las transferencias de renta adicionales que finalmente se producen desde las rentas más altas hacia las más bajas. En resumen: el “coste bruto” total de la RBCI según nuestro modelo (esto es, sin discriminar a los ahorros en pensiones o subsidios) es de 154.000 millones, pero, el coste neto, que es el que, -para que nos entendamos y entiendan los lectores- el que “finalmente tiene que pagar el Estado” y adicionalmente es lo que tendría que recaudar, es de alrededor de 35.000 millones de euros: nada que ver, por tanto, con los 257.000 millones que se dice en el artículo del ECD que costaría la renta básica, e insistimos en ello: es totalmente erróneo y falso presentar el coste de ese modo.
2º.- El documento de la propuesta –que en realidad son tres principales más un número ingente de correcciones, aclaraciones, comentarios y hojas de cálculo - siempre ha estado en todo momento sujeto a revisiones periódicas del mismo, (por ejemplo, ha habido hasta 6 versiones o más –V6-, de distintas hojas de cálculo que han ido conformando el grueso del estudio de alternativas, viabilidad, coste/beneficio y financiación) y nunca se ha presentado como un documento cerrado y definitivo sino inclusivo, puesto que, aspiramos al más eficiente modelo posible que optimice los recursos que se destinen a implementar la medida y no nos damos por satisfechos únicamente con la demostración empírica de su viabilidad económica, y además, queremos contar con los mejores, como es el equipo de Daniel Raventós y su estudio, para su implementación definitiva. Por ello, la propuesta de implementación por fases, debe entenderse en su contexto, como parte de este proceso de estudio y evaluación y no como la que finalmente vaya a implementarse, puesto que, a fecha de hoy, después de despejar algunas incógnitas técnicas que quedaban en cuanto a su financiación y coste neto, la propuesta de revisión para una nueva edición del estudio, es que la RBCI vaya implantarse de una sola vez y en un solo año toda la reforma y, en consecuencia, desaparezcan las fases propuestas inicialmente.
3º.- Es directamente una tergiversación por parte del periodista que lo ha escrito lo siguiente: “…sólo alcanza a la ciudadanía española y no a aquellas personas que, sin ser nacionales, entran legal o ilegalmente para residir de forma temporal…” Insto al periodista autor de dicha cita en referencia a nuestro documento a que pruebe documentalmente que en alguno de nuestros documentos que manejamos esté escrito de ese modo tal y como el periodista lo ha presentado en su artículo, pues, nosotros dejamos bien claro que, por definición, la RBCI es “un ingreso incondicional pagado por el Estado a todos los ciudadanos que residan en el territorio del Estado, sean estos nacionales, nacionalizados o residentes legales.”
4º.- También es rotundamente falso lo que el periodista dice respecto a los redactores de la propuesta que admitamos que no será suficiente “…Ni siquiera con la aplicación de unos impuestos del 46,67% sólo a los salarios más altos.”, puesto que, precisamente es justo todo lo contrario lo que afirmamos los autores del estudio: el tipo único marginal necesario calculado para financiar una RBCI sobre los costes brutos “en el peor de los escenarios” y “sin tocar nada ni una coma” de lo que hoy se financia via impuestos (sanidad, educación, incluso “la Casa Real”, aunque servidor esté en contra y no me guste, etc), sería de 46,67 %. Pero es que ni siquiera esta “argucia técnica” del tipo único, -que en esencia es para demostrar de una manera simple y sencilla para que la gente la pueda entender-, cual es la redistribución de la renta en relación ganadores/perdedores que se produce y su viabilidad; ni siquiera esa tarifa descrita en el documento de tipo único marginal se puede afirmar que es la tarifa definitiva que se vaya a implementar, puesto que, el estudio definitivo va a contemplar una tarifa progresiva con dos o tres tramos y no un tipo único marginal.
5º.- Ni que decir que, además, el autor de dicho artículo de ECD, confunde no sé si “a sabiendas” o no (esto lo dejo a criterio del lector una vez “escuchadas a las partes” y a la propia conciencia del “código deontológico periodístico” que se supone debe observar como periodista el autor del mismo), digo que confunde “posibles fuentes de financiación y recaudación adicionales” como “fuentes externas” a la propia reforma que proponemos, que es lo que básicamente estamos describiendo en esa parte del documento a la que el periodista hace referencia que recaudaríamos en el “escenario optimista” 51.771 millones (¡y claro que es “insuficiente” respecto a los costes brutos!); confunde eso, con la reforma fiscal y del IRPF que constituye el armazón de la propuesta y es autosuficiente en si misma para financiar la RBCI y, en consecuencia, tampoco el autor de dicho artículo debería afirmar categóricamente que “…Tampoco con la creación de nuevos cargos tributarios –sobre viviendas vacías y sobre el lujo, como ha propuesto Podemos- ni con el recurso a la recaudación por fraude fiscal…”, puesto que ello no constituye el grueso de las posibilidades recaudatorias, pero sí lo contemplamos como medidas adicionales que sirven para amortiguar impactos fiscales (obviamente, si aumentamos la recaudación por financiación vía “fuentes externas” como las propuestas, la tarifa desciende y se “suaviza” para todos) y anticiparse a posibles desviaciones coyunturales que alteren los resultados de los objetivos propuestos. Por cierto, una aclaración final más sobre este punto que, aunque obvia, hay que aclarar, porque también se presta a confusión: no lo propone “Podemos”, eso lo tendrán que decidir todos los miembros de Podemos, lo propone una parte de Podemos que somos las personas que estamos y formamos el círculo sectorial Podemos Renta Básica.
6º.- Por último, efectivamente, si bien la cuantía del ingreso a percibir es individual y equitativo tal y como lo definimos, sin embargo, para su cálculo es verdad que introducimos el concepto de las economías de escala, siguiendo el criterio de la escala OCDE modificada, tal y como se describe a grandes rasgos en dicho artículo. Pero, una vez más, hay que aclarar e insistir, que este punto, se enmarcaba dentro de ese mismo proceso de estudio, en un contexto de provisionalidad en cuanto a sus posibilidades de implementación gradual, y que, no representaba más que un modelo transitorio hacia un modelo de RBU pleno, como tampoco representaba el modelo “preferido” incluso por los propios autores de la propuesta entre los que me incluyo. El hecho es que en todo este largo proceso de cálculo y estudio que llevamos, optamos siempre racionalmente por el “cálculo prudente” y los escenarios más desfavorables para la RBCI, para poder tener siempre un margen de maniobra en cuanto a su aplicación material y, no por aspirar en nuestra propuesta a “máximos”, tuviera la consecuencia desfavorablee de dejarnos a los pies de los demagogos y detractores de la Renta Básica; por ello, sin renunciar a lo esencial que debe tener una renta básica como la que proponemos, que tiene la vocación de ser “derecho subjetivo de ciudadanía”, que sea “individual” e incondicional”, optamos por tratar de introducir progresivamente la RBCI con dichos criterios, que no obedecen a planteamientos discrecionales o arbitrarios de sus autores, sino que tiene correlatos estadísticos extraídos de la propia realidad, dado que, -aunque sea de perogrullo recordarlo- la mayoría de las personas no viven solas, individual o aisladamente, sino que viven formando núcleos o unidades de convivencia y consumo, y un modelo, debe ser y servir para la “generalidad”, aunque luego se puedan introducir modificaciones pormenorizadas, como medidas correctoras que puedan solucionar los probables desajustes o agravios que surgieran tras su implementación material. En definitiva, -y a modo de conclusión-, ni siquiera el cálculo de la cuantía por unidades de convivencia es un capítulo cerrado en nuestro modelo, y hay que verlo en su contexto como una posibilidad más de implementación, puesto que es muy probable que, finalmente, el modelo que prevalezca en nuestra propuesta sea el del equipo de Daniel Raventós, que, -sea dicho de paso- siempre fue el modelo preferido del que suscribe y servidor.
Salud.
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2015.02.19 15:01 rasaho El ataque del Gobierno de Rajoy al pueblo griego (y al español). Vicenç Navarro Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

El desastre al cual nos han llevado en Europa la aplicación de las políticas neoliberales impuestas a las distintas naciones y pueblos de los países de la Eurozona por parte de partidos gobernantes de sensibilidad conservadora como la democracia cristiana, o por parte de partidos liberales o partidos de tradición socialdemócrata que hicieron suyo el socioliberalismo imperante (abandonando cualquier vocación transformadora que hubieran tenido) explica que hayan surgido movimientos contestatarios de protesta, portadores de visiones y propuestas distintas, cuando no opuestas, a las dominantes. Algunos de estos movimientos son claramente de izquierdas que, o bien nuevos o reciclados de partidos existentes, representan una esperanza de cambio que está canalizando el gran enfado de las clases populares (que constituyen la mayoría de la población) en estos países, y que han alcanzado unos niveles de apoyo popular que los establishments financieros y económicos que instrumentalizan los poderes políticos y mediáticos de tales países han considerado alarmantes, tal y como ocurre en España. Y lo que más les ha asustado es que, lejos de la imagen del revolucionario bolchevique dispuesto a tomar el Palacio de Invierno, estos movimientos son movimientos pacíficos, no violentos, que exigen democracias denunciando el régimen llamado democrático surgido en el caso español de una Transición inmodélica de la dictadura a la democracia, por sus enormes limitaciones y por el abusivo control que se ha hecho de las instituciones llamadas representativas por parte de aquellos poderes financieros, económicos y mediáticos. Tales movimientos han sido exitosos en desenmascarar el discurso oficial supuestamente democrático, que contrasta tan claramente con sus prácticas y políticas públicas, de claro corte antidemocrático. En este contexto, exigir democracia real es una demanda revolucionaria hoy en estos países, incluyendo España.
Predeciblemente, tales establishments han respondido con una enorme agresividad (sin precedentes desde la revuelta militar y la represión que le siguió en el año 1936) que no tiene límites, en sus manipulaciones, mentiras y falsedades. Ejemplos hay miles de ellos. El Presidente Rajoy, jefe de un partido profundamente afectado por la corrupción, continuador de la derecha que controlaban los aparatos del Estado dictatorial, alarmaba hace unos días a la población, presentando estos movimientos contestatarios prodemocráticos como portadores de valores peligrosos subrayando que “no podemos volver a las ideas que fueron liquidadas cuando cayó el muro de Berlín”, presentándoles como proponentes del régimen soviético que había existido al este de tal muro. La desvergüenza de tal personaje no tiene límites, pues seguro que sabe que las demandas de tales movimientos distan mucho, y en realidad son opuestas, a las que se dieron en aquella parte del continente europeo.
Lo que ocurre es que las fuerzas dominantes en Europa, desde la Sra. Merkel al Sr. Rajoy, han sido responsables de unas políticas que han dañado enormemente el bienestar de la población, y los movimientos populares que están surgiendo, desde Syriza en Grecia a Podemos en España, desean interrumpir tales políticas, realizadas todas ellas sin mandato popular, para, a través de nuevas instituciones auténticamente democráticas, permitir el desarrollo de propuestas de orientación socialdemócratas, olvidadas y abandonadas por los partidos que llevan tal nombre, bajo el argumento de que el desarrollo de tales políticas era y es imposible de realizar en el mundo actual. Así, el Presidente Zapatero congeló las pensiones para ahorrar 1.500 millones de euros, cuando podría haber conseguido ahorrar mucho más eliminando la bajada del impuesto de patrimonio, con lo cual hubiera conseguido 2.100 millones de euros. Y el Presidente Rajoy recortó 6.000 millones de euros de la sanidad pública española para pagar la deuda cuando podría haber conseguido casi la misma cantidad revirtiendo la bajada de impuestos de las empresas que facturan más de 140 millones de euros al año (que representan el 0,18% del total de empresas), consiguiendo así una cantidad semejante. Presentar estas alternativas como bolcheviques habla mucho del presentador y de su capacidad de falsificar la realidad.
El argumento que aduce la imposibilidad de estas políticas de corte socialdemócrata es político y no económico o financiero. Este último discurso se utiliza para ocultar el primero. En realidad, muchas de las políticas propuestas se están realizando en varios países.
La división entre los pueblos como su estrategia
Una manera de que tales establishments conservadores y liberales se perpetúen y reproduzcan es intentando dividir a las clases populares, utilizando un nacionalismo excluyente que sitúa a unos ciudadanos en contra de otros. El gobierno Rajoy está utilizando una visión nacionalista españolista que excluye cualquier visión plurinacional del Estado español, presentándose como los únicos defensores de la “patria”, un mensaje que contrasta con sus comportamientos de docilidad (antipatriótica) hacia aquellos intereses extranjeros que, en defensa de sus propios intereses, están dañando profundamente el bienestar de los españoles. Es vergonzoso que se hayan convertido en los máximos defensores de las medidas de austeridad impuestas con gran dureza y mezquindad al pueblo griego (y al español) por presiones del establishment alemán (ver “El ataque frontal del gobierno alemán y el BCE a Grecia”, Público, 18.02.15).
Este comportamiento se ha reproducido en intentar crear un enfrentamiento entre las clases populares españolas (los pensionistas y los parados, en concreto) y las griegas. Hemos visto estos días, de nuevo, al Presidente Rajoy, a los Ministros Montoro, de Guindos y al Sr. Margallo, repitiendo que los pensionistas y los parados han visto recortar sus beneficios para que España pudiera ayudar a la población griega en un acto de solidaridad que el gobierno Syriza griego violaría si el gobierno griego dejara de retornar el dinero que fue prestado por los pensionistas y por las personas en paro en España al pueblo griego. El nivel de sinvergonzonería alcanza unos niveles que no se había visto desde tiempos de la dictadura. Por desgracia, el economista de El País, el Sr. ­­­­­­­­­­­­­­­Díez, asesor del señor Zapatero, añadió su voz a tal argumentario: “la quita supondría una pérdida de unos 400 euros para cada ciudadano alemán y unos 300 euros para cada ciudadano español” (“El avispero griego”, El País 12.01.15).
La falsedad del argumentario neoliberal
La impresión de que los pensionistas y los parados tienen reducida su cobertura y beneficios porque el Estado le ha prestado dinero al pueblo griego, implica que, en el presupuesto del Estado español, ha habido un ítem de 26.000 millones de euros (la cantidad supuestamente prestada) que se han utilizado para prestarlos a los ciudadanos griegos a fin de que puedan atender a sus necesidades, a costa de no subir las pensiones (que podrían haberse subido un 38% según Margallo, en caso de que no hubiera habido tal transferencia). Esto no es cierto. Es una falsedad y es imposible que el Sr. Margallo y todos los otros ministros previamente citados no lo supieran. Es condición para ser Presidente y Ministro conocer un mínimo las cuentas del Estado. Y aun cuando el nivel de exigencia para tales Ministros del gobierno popular no es muy alto, seguro que saben que ello no es cierto.
En realidad, la gran mayoría de estos fondos son bonos públicos del Estado español, asignados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera que facilitaron que el Estado griego pudiera pagar las deudas, consecuencia, en parte, del rescate a los bancos tanto griegos como alemanes, franceses y españoles en su famoso rescate del 2011 y 2012 que, por cierto, aumentó enormemente la deuda pública griega. También estos y otros fondos fueron utilizados como avales para que fueran utilizados por empresas, incluyendo españolas, en su negocio en Grecia. Estos bonos y avales, por cierto, generan beneficios al Estado español y a sus compradores.
Es más, el Estado español, bajo el mandato del Sr. Rajoy, de los Ministros Montoro, de Guindos y el Sr. Margallo, ha apoyado el gasto de millones de euros para rescatar el sistema bancario español. Según datos del Banco de España de más de 61.000 millones de euros de fondos públicos aportados desde 2009 para la reestructuración del sistema financiero español, hasta la fecha no se han recuperado ni 2.000 millones. Y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la entidad pública creada exclusivamente para rescatar la banca privada española, ha admitido haber perdido ya más de 37.000 millones de euros.
Con este dinero podrían haberse subido las pensiones y aumentado la cobertura del paro. Las palabras de todos estos personajes no son más que un intento de manipulación fallida. Y lo más ofensivo de todo esto es la bajeza de intentar enfrentar a españoles y griegos recurriendo al sufrimiento de tantos hogares en España que se encuentran en una precariedad sin precedentes por culpa única y exclusivamente de las políticas austericidas implementadas y promovidas por el gobierno del que forman parte.
En base a esta experiencia, que el gobierno popular se presente como salvador de la población griega, a costa de la población española, es una falsedad como un templo. Han movido cielo y tierra para apoyar al gobierno alemán en su dureza y mezquindad, negando el respiro que pedía Syriza para poder atender el desastre humano que las políticas neoliberales promovidas por Merkel y Rajoy han impuesto en aquel país. Estas políticas alcanzaron niveles de crueldad, en un caso de terrorismo financiero, dificultando a la vez que pudieran también cambiarse las políticas de austeridad en Grecia.
Una última observación. Sería importante que los dirigentes del gobierno popular conocieran mejor los sistemas públicos que están destruyendo. Cuando Margallo indicó que con los 26.000 millones supuestamente prestados a Grecia “se podría haber aumentado un 38% las pensiones públicas” muestra su grado de ignorancia. El gasto en pensiones según el presupuesto de 2015 es de 131.658 millones de euros. Un 38% más de esta cantidad (la sugerida por el ministro) son 50.030 millones más, no 26.000 millones como él indica. ¿Qué no conoce el presupuesto del gobierno?
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Gracias profesor por sus lecciones. Usted dice su desvergüenza es infinita. Yo digo que es su zafiedad no tiene límites. Estos son los mismos que aquellos que nos metieron en una guerra civil y una guerra mundial. Saludos.-
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2015.02.12 14:02 becarios Reconocimiento del tiempo trabajado como becario en el pasado sin necesidad de realizar el abono de aproximadamente 150 euros mensuales y reconocimiento del derecho a recibir una prestación o subsidio al finalizar el empleo precario encubierto en esta alternativa

El circulo de Becarios nace como consecuencia de la proliferación de becas en carácter sustitutivo de los contratos en prácticas o formativos. Las becas en muchos casos son simplemente una alternativa ilegal; un supuesto de simulación fraudulento, puesto que la causa verdadera de la beca no es otra que la propia de un contrato de trabajo de bajos costes y empleo precario. Ejemplo de ello es el continuo goteo de sentencias judiciales sobre el asunto. Los tribunales interpretan que la actividad debe ser considerada como laboral cuando la finalidad formativa o práctica tiene carácter accesorio y la función primordial es el aprovechamiento por la entidad que otorga la beca del trabajo realizado por el becario, prevaleciendo así el beneficio de aquella sobre el provecho de éste.
Desde nuestro círculo exigimos la desaparición de este tipo de relaciones formativas ilegales que tratan de eludir la aplicación de las garantías de los contratos laborales de formación o en prácticas, creando un lugar de encuentro para todos aquellos que quieran manifestarnos su situación de empleo precario encubierto en esta alternativa.
Asimismo, si has sido becario en el pasado, tanto en España como fuera, se podía reclamar ese tiempo a efectos de cómputo para la pensión de jubilación de forma retroactiva. El plazo era el 31 de diciembre de 2012 pero un Real Decreto publicado en marzo de 2013 disponía que los antiguos becarios podían acogerse al convenio en alta especial hasta el 31 de diciembre de 2014. Con ese convenio especial con la Seguridad Social, se podía reclamar un máximo de dos años como becario, pagando las cuotas correspondientes (que ascienden a cerca de 150 euros mensuales, independientemente de lo que se cobraba durante la beca). El programa, que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaba que los antiguos becarios (sin límite de edad ni de momento en el que hubieran estado incluidos en un programa de formación) podían reconocer su tiempo de trabajo como cotizado a efectos de pensión.
Desde nuestro Círculo exigimos que ese tiempo a efectos de cómputo para la pensión de jubilación sea reconocido sin necesidad de pagar ninguna cuota, o bien que sean las empresas y entidades públicas en las que desempeñaron sus funciones los becarios quiénes se hagan cargo de estas cantidades, no el antiguo becario, pues la cantidad reclamada para reconocer sus derechos, supone, en la mayor parte de los casos, la mitad de la asignación que recibieron como becarios.
Si eres becario en la actualidad te beneficiarás de la ley que obliga a las empresas a dar de alta a este colectivo en la Seguridad Social y quedarás asimilado al régimen general. Las empresas han de pagar unos 35 euros al mes (por las coberturas de contingencias comunes y profesionales), cantidad que, junto a los aproximadamente 6 euros que paga el becario, permite empezar a generar derechos casi como los trabajadores asalariados, con la excepción de las cotizaciones por desempleo. Así, si un becario se queda en el paro, no tendrá derecho a prestación contributiva.
La obligación de alta en la Seguridad Social se inició el 28 de junio de 2013, por lo que las empresas que hayan tenido becarios desde esa fecha están obligadas a tramitar el alta y la baja correspondiente y a abonar las cuotas.
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2014.12.31 11:54 PublioElioAdriano "La novedad de este Gobierno es que los lobbies ya no presionan desde fuera, sino que han tomado el control directo desde dentro mismo del Ejecutivo, con un papel muy destacado del lobby financiero, el armamentístico y el agrícola"

Lehman Brothers, el banco de inversión estadounidense del que De Guindos era ejecutivo presidente para España y Portugal y miembro de su consejo en Europa quedaba reducido a escombros y su quiebra arrastraba la economía mundial a una crisis de la que aún no ha salido.
De Guindos dirige ahora la economía española. Y defiende exactamente las mismas recetas que durante los meses previos a la caída de Lehman Brothers repetía con profusión en sus múltiples conferencias como alto ejecutivo del banco de inversión.
El despacho que fundó Montoro asesora para pagar menos a Hacienda.Cristóbal Montoro, al que Rajoy ha situado al frente de Hacienda, Ministerio que ya dirigió con José María Aznar. A él corresponderá cuadrar las cuentas y, por tanto, tratar de aumentar los ingresos del Estado: justo el objetivo contrario al que persigue la consultoría que el ministro fundó tras su anterior paso por el Gobierno, hoy llamada Equipo Económico, que ofrece asesoraramiento fiscal a las empresas para reducir legalmente los pagos a Hacienda.
Equipo Económico, que hasta 2008 se llamaba Montoro y Asociados, incluye en su equipo a Ricardo Montoro, hermano del ministro y exdirector del CIS; Salvador Ruiz Gallud, exdirector de la Agencia Tributaria; y Ricardo Martínez Rico, exsecretario de Estado de Presupuestos.
Este tipo de despachos son muy reservados a la hora de divulgar sus servicios, pero la investigación del caso Gürtel ha aportado pistas sobre una operación concreta, facturada justo después de que Montoro dejara la firma. El encargo procedía de Everland, firma investigada en el sumario, propiedad de la esposa de Jesús Merino, ex portavoz adjunto del PP en el Congreso.
Por este trabajo, Equipo Económico emitió una factura en julio de 2008 de 116.000 euros. Tras el estallido del caso Gürtel, el juez se dirigió a la empresa para conocer la operación: "Los servicios prestados consistieron en el asesoramiento económico y fiscal de una operación de adquisición empresarial, alcanzando, entre otras, cuestiones relativas a la compensación de bases imponibles de ejercicios anteriores, deducciones fiscales pendientes de aplicación, gastos no deducibles por diversos conceptos, así como fondos de comercio derivados de la operación y su aprovechamiento fiscal", contestó la dirección de Equipo Económico.
Varios expertos tributarios consultados estiman que la factura de este tipo de servicios oscila entre el 5% y el 15% de la ganancia fiscal que obtiene el cliente. Por tanto, el fisco debió de dejar de ingresar un mínimo de 700.000 euros gracias al asesoramiento.
Por aquellas fechas, Pedro Morenés, hombre muy próximo a la Zarzuela que Rajoy ha nombrado ministro de Defensa, era consejero de Instalaza, principal fabricante español de bombas de racimo. Y justo en julio de 2008, el Gobierno de Zapatero aprobó una moratoria en la producción de estas armas tan dañinas.
Según denunció con pruebas Human Rights Watch, algunas de las bombas producidas por Instalaza con Morenés en su consejo fueron utilizadas por Muamar Gadafi en la reciente guerra que la OTANcon la participación de unidades españolas contribuyó a decantar a favor de los rebeldes. Pero el problema que puede afrontar Morenés con su llegada a Defensa no es sólo de orden moral, sino muy práctico e inmediato: Instalaza, en cuyo consejo se sentó el ministro hasta septiembre según el Registro Mercantil reclama desde mayo al Gobierno por la vía judicial 40 millones de euros de indemnización por los supuestos daños causados con la moratoria.
"No tiene precedentes que un representante destacado del complejo militar-industrial asuma directamente el Ministerio de Defensa y Morenés, sin duda, lo es", opina Jordi Calvo, investigador del Centre Delàs, entidad pacifista especializada en el comercio de armas.
Su vinculación a la industria que depende de los contratos de Defensa uno de los Ministerios más amenazados por los recortes va mucho más allá de Instalaza: Morenés, secretario de Estado de Defensa y de Seguridad con Aznar, vuelve al Ministerio desde la presidencia de Segur Ibérica, empresa a la que Defensa encarga tareas de seguridad privada a los atuneros que faenan en el Índico. Y hasta ahora se sentaba en los consejos, entre otros, de MBDA, el gran fabricante mundial de misiles que según el Centre Delàs también tuvo a Gadafi entre sus clientes; Kuitver, consultoría de i+D especializada en seguridad y defensa; Aritex Cading, que incluye servicios de diseño militar industrial; Gamo Outdoor, gran fabricante estadounidense de rifles y pistolas, e I-Sec Iberia, consultoría para asuntos de seguridad.
Si los pacifistas están en alerta máxima, los ecologistas también, tras el nombramiento de Miguel Arias Cañete como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Ya durante su etapa de ministro de Agricultura con Aznar, Arias Cañete fue objeto de polémica porque su esposa, Micaela Domecq, y su familia gestionaban empresas perceptoras de fondos procedentes de la Política Agraria Común. Hoy siguen al frente de firmas de explotación agraria.
Pero ahora Arias Cañete dirigirá también Medio Ambiente, pese a destacar al frente de cuatro de los lobbies más enfrentados a los ecologistas: el protrasvases en 2000, el ministro prometió a los regantes que el trasvase del Ebro se haría "por cojones", el petrolero suma 326.000 euros en participaciones del sector, el del automóvil posee seis coches y una moto, y preside la Fundación del RACE, cuyo fin es fomentar el uso del automóvil y el del ladrillo: coincidía con Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el consejo de Bami Newco, la empresa que refundó Joaquín Rivero, uno de los reyes caídos del sector, tras su defenestración de Metrovacesa y Gecina.
Los lobbies tienen otras terminales en el nuevo Gobierno: el ministro de Educación, José Ignacio Wert, suma ya décadas de vinculación al Grupo Prisa, propietaria de la principal editora de libros de texto, y fue asesor de la presidencia del BBVA; el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, es muy próximo al Opus Dei, y la CEOE no sólo rema en la misma dirección que Luis de Guindos sino que el jefe de la Oficina Económica del presidente, Álvaro Nadal, es hermano de un vicesecretario de la patronal, con quien comparte credo liberal.
En 2008, Luis de Guindos quizá no tenía elementos para saber que su propio banco estaba a un paso de la quiebra. Pero nadie podrá acusar a Rajoy de no haber dado pistas sobre la política de su Gobierno desde el primer día.
http://www.publico.es/espana/gobierno-lobbies.html
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2014.12.08 15:45 sampiro Reconocimiento del tiempo trabajado como becario en el pasado sin necesidad de realizar el abono de aproximadamente 150 euros mensuales y reconocimiento del derecho a recibir una prestación o subsidio al finalizar el empleo precario encubierto en esta alternativa

El Círculo Sectorial de Podemos Becarios, extensible a todos los titulados con contratos precarios, nace como consecuencia de la proliferación de becas en carácter sustitutivo de los contratos en prácticas o formativos. Las becas en muchos casos son simplemente una alternativa ilegal; un supuesto de simulación fraudulento, puesto que la causa verdadera de la beca no es otra que la propia de un contrato de trabajo de bajos costes y empleo precario. Ejemplo de ello es el continuo goteo de sentencias judiciales sobre el asunto. Los tribunales interpretan que la actividad debe ser considerada como laboral cuando la finalidad formativa o práctica tiene carácter accesorio y la función primordial es el aprovechamiento por la entidad que otorga la beca del trabajo realizado por el becario, prevaleciendo así el beneficio de aquella sobre el provecho de éste.
Desde nuestro Círculo exigimos la desaparición de este tipo de relaciones formativas ilegales que tratan de eludir la aplicación de las garantías de los contratos laborales de formación o en prácticas, creando un lugar de encuentro para todos aquellos que quieran manifestarnos su situación de empleo precario encubierto en esta alternativa.
Asimismo, si has sido becario en el pasado, tanto en España como fuera, se podía reclamar ese tiempo a efectos de cómputo para la pensión de jubilación de forma retroactiva. El plazo era el 31 de diciembre de 2012 pero un Real Decreto publicado en marzo de 2013 disponía que los antiguos becarios podrían acogerse al convenio en alta especial hasta el 31 de diciembre de 2014. Con ese convenio especial con la Seguridad Social, se podía reclamar un máximo de dos años como becario, pagando las cuotas correspondientes (que ascendían a cerca de 150 euros mensuales, independientemente de lo que se cobró durante la beca). El programa, que puso en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaba que los antiguos becarios (sin límite de edad ni de momento en el que hubieran estado incluidos en un programa de formación) podían reconocer su tiempo de trabajo como cotizado a efectos de pensión.
Desde nuestro Círculo exigimos que ese tiempo a efectos de cómputo para la pensión de jubilación sea reconocido sin necesidad de pagar ninguna cuota, o bien que sean las empresas y entidades públicas en las que desempeñaron sus funciones los becarios quiénes se hagan cargo de estas cantidades, no el antiguo becario, pues la cantidad reclamada para reconocer sus derechos, supone, en la mayor parte de los casos, la mitad de la asignación que recibieron como becarios.
Si eres becario en la actualidad te beneficias de la ley que obliga a las empresas a dar de alta a este colectivo en la Seguridad Social y quedas asimilado al régimen general. Las empresas han de pagar unos 35 euros al mes (por las coberturas de contingencias comunes y profesionales), cantidad que, junto a los aproximadamente 6 euros que paga el becario, permite empezar a generar derechos casi como los trabajadores asalariados, con la excepción de las cotizaciones por desempleo. Así, si un becario se queda en el paro, no tendrá derecho a prestación contributiva.
La obligación de alta en la Seguridad Social se inició el 28 de junio de 2013, por lo que las empresas que hayan tenido becarios desde esa fecha están obligadas a tramitar el alta y la baja correspondiente y a abonar las cuotas.
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2014.08.06 21:29 Raulisimo Burocracia impositiva: "en manos de quién estamos".

Artículo de Pérez Reverte:
Aterra el disparate perpetuo en que vivimos. Y déjenme contarles la penúltima. A él lo llamaremos Manolo, y a la embarcación Manolita II. Manolo es patrón y propietario del pesquero Manolita I. Se dedica, con sus marineros, a una pesca que se hace con redes; y para ayudarse a calar y recoger éstas lleva a remolque desde hace treinta años el Manolita II: pequeño bote auxiliar, de madera y remos, de sólo cuatro metros de eslora, que valdrá hoy unos trescientos euros. Nunca tuvo problemas hasta que una patrullera de la Benemérita le dijo hola, buenos días, y en aplicación del reglamento vigente lo informó de que el Manolita II tenía que estar registrado, llevar matrícula, bandera y demás parafernalia náutica. Manolo dijo a los guardias que él sólo usaba ese bote un par de meses al año, y que el resto lo tenía en seco, en tierra. Pero respondieron que aun así. Que lo sentían mucho, pero que era la norma y ellos eran unos mandados. Punto.
Manolo decidió hacer bien las cosas bien, y empezó los trámites: capitanía marítima, papeleo. En cada peldaño del calvario, claro, pagando. Tasa tal, certificado cual. Hasta que, en mitad del proceso, el funcionario correspondiente informa a Manolo que, según la normativa A, párrafo B, para obtener el certificado de navegación del Manolita II debe presentar un proyecto de embarcación hecho por un ingeniero naval y visado por el Colegio Oficial, donde figuren datos técnicos como cálculo del junquillo y otras informaciones vitales. A Manolo se le funden los plomos. Oiga, balbucea. Yo sólo quiero legalizar un bote de remos de cuatro metros que remolco hace treinta años. Ya, responden. Pero según la normativa con fecha tantos de tantos, si no figuran los datos del junquillo, no hay manera. ¿Y qué es el junquillo?, pregunta Manolo. Etcétera. Al fin, gracias a la buena voluntad de otro funcionario que le confía por lo bajini que el primer funcionario es un borde que no tiene ni zorra idea, Manolo consigue pasar el trámite, paga nuevas tasas y obtiene el certificado del Colegio Naval. Victoria.
Victoria un carajo, comprueba acto seguido. Pues cuando acude a la ventanilla con su certificado, responden que ahora tiene que obtener el de Seguridad, y que además tiene que colocar un puntal con las luces de navegación obligatorias. ¿En un bote de cuatro metros?, alucina Manolo. Afirmativo, confirman. Además, debe llevar a bordo bengalas y chalecos salvavidas inflables y sin inflar. Manolo objeta que todo eso lo tiene a bordo del pesquero grande, y que cuando bajan al bote llevan los chalecos salvavidas puestos. Da igual, responden. El Manolita II debe llevar sus propios chalecos, revisados cada año pagando las tasas correspondientes. Pero en cuatro metros de bote no cabe todo eso, se desespera Manolo. A lo que los funcionarios responden encogiéndose de hombros. Ya, dicen. Pero es la normativa. Artículo Tal, párrafo Cual. ¿Y quién ha hecho esa normativa?, pregunta la víctima. Y responden: ah, no sé. Uno de la consejería, o de Madrid.
Manolo lo compra todo. El puntal, las luces, los chalecos. Todo. Pero siguen sin darle el permiso, informándolo por capítulos. Falta la revisión de Sanidad y el pago de esas tasas, se entera ahora. Y un día, en el lugar donde está varado en tierra el bote, se presentan dos inspectores con mono blanco, botas asépticas y casco de seguridad. ¿Dónde está el buque Manolita II?, preguntan. Cuando se repone de la impresión, Manolo indica el bote. Lo miran, se miran entre ellos y le dicen a Manolo que falta a bordo el botiquín con la lista Alfa, o algo así. Y se van. Manolo acude a una tienda náutica, compra el botiquín -que está vacío y cuesta 100 euros- y luego lleva la lista Alfa a una farmacia. No puedo darle esos productos, dice el farmacéutico, porque para la mitad necesita receta. No joda, dice Manolo. Sí jodo, dice el otro. Etcétera. Etcétera. Y una docena de etcéteras más.
Ha pasado un año. Hoy, tras perder meses de ventanilla en ventanilla y gastarse 5895 euros en legalizar un bote que vale 300, Manolo por fin puede llevar otra vez a remolque el Manolita II. Aunque, como es imposible cargar tanto equipo a bordo, pues en cuatro metros de eslora eso impediría hasta remar, lo deja todo en tierra. De manera que cuando la Guardia Civil lo pare otra vez, lo van a crujir. Pero eso sí: gracias a la normativa Omega barra Siete, o como se llame -ideada por algún imbécil que no ha visto el mar en su vida-, el Manolita II tiene, por fin, pintado un número de registro oficial. Y en la popa, según expresa textualmente nuestra legislación náutica, ya puede llevar la bandera española «con los privilegios que ello confiere».
http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/933/en-manos-de-quien-estamos/
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2014.07.26 12:55 fiskardo Derogación Real Decreto-ley 20/2012

Subsidio de desempleo para mayores de 52 años
Consiste en una ayuda mensual de 426 euros que el trabajador en paro cobra hasta alcanzar la edad de jubilarse a la que se puede acceder tras haber cotizado 6 años, por agotamiento de la prestación contributiva y carecer de rentas.
La ley con la que fueron aprobados, reza:
-La Entidad Gestora(Servicio Público de Empleo Estatal o ISM), ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes a las prestaciones por asistencia sanitaria, jubilación y protección a la familia. Cuando corresponda cotizar por la contingencia de jubilación y el beneficiario sea mayor de 52 años, se tomará como base de cotización el 125% del tope mínimo vigente en cada momento. Será aplicable a los beneficiarios mayores de 52 años que estén percibiendo el subsidio de desempleo el 1 de enero de 2008 y a los que lo reanuden u obtengan a partir de esa fecha.
En Agosto del 2012 el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio en su disposición transitoria quinta establece que, los trabajadores que, por aplicación del articulo 218 del texto refundido de la Ley de la Seguridad Social, tuvieran fijada como base de cotización vigente, durante la percepción del subsidio por desempleo, el 125% del tope mínimo de cotización vigente, pasaran a tener como base de cotización el 100% de este tope mínimo. Es decir por efecto de este decreto los desempleados mayores de 52 años desde dicho día cotizan por 748,20 euros en lugar de por 935,25 (-25%), como en su día se les concedió tras reunir los requisitos arriba mencionados.
Un manera más de pisotear derechos adquiridos, disminuir la capacidad de subsistencia de los afectados y condenarlos a una pensión de pobreza absoluta, por no hablar de la interesada y ilegal utilización de los Decretos Ley, evidentemente no diseñados para tales cosas.
Por lo anteriormente expuesto, entiendo que dicha ley debería ser derogada. Por mi parte lo he denunciado al Defensor del Pueblo, obteniendo una primera contestación negativa, aunque he insistido enviando toda una argumentación legal que lo respalda, aunque dado el tiempo transcurrido desde mi ultima carta dudo que tan siquiera conteste........no cabría esperar otra cosa.
Aprovecho para pediros, si alguno lo sabe, si dicho caso es mejor enviarlo al defensor del pueblo Europeo o es más conveniente a algún otro organismo. Gracias por vuestra colaboración.
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